La Generalitat Valenciana denuncia un pufo de 25 millones en el hospital de Castellón

El Gobierno valenciano ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción lo que considera una nueva trama, o parte de ella, de facturación irregular durante el mandato del PP. Se trata de varios contratos del Hospital Provincial de Castellón, por un valor total de 25 millones de euros, con Piaf, una de las empresas investigadas en la 'red Gürtel'. Uno de los propietarios de esta mercantil, Alejandro Pons, confesó recientemente que financió de manera ilegal al PP valenciano.

El centro hospitalario depende de una fundación de la consejería de Sanitat y de la Diputación de Castellón, que hasta el 2011 presidió Carlos Fabra. Sin embargo, los contratos presuntamente irregulares se extenderían hasta el 2015, cuando ya estaba en el cargo el actual presidente, el también popular Javier Moliner. La consejera de Sanitat, la socialista Carmen Montón, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que ha presentado ante la fiscalía 4.713 facturas "irregulares" para el mantenimiento y reparación de infraestructuras del hospital, por un valor de 25 millones de euros.

SOBRECOSTES Y TRABAJOS NO REALIZADOS

Hay facturas por valor de 12 millones emitidas por la empresa Piaf que presentarían sobrecostes respecto a los expedientes de contratación, y el resto (5,5 millones de Piaf y 6,6 millones de la firma Telecso) no estarían cubiertas directamente por ningún expediente de contratación, por lo que se sospecha que se pagaron por trabajos no realizados.

Según ha explicado Montón, Telecso es propiedad “de un familiar directo” del empresario Pons, que reconoció haber pagado más de 31.000 euros al PP valenciano para financiar sus campañas electorales. Piaf cesó su actividad cuando comenzó a ser investigada en 'Gürtel' y entonces se constituyó Telecso, propiedad del hijo de Pons.

CINCO CONSEJEROS

Tal como ha recordado la consejera, las facturas investigadas corresponden a los mandatos de los exconsejeros populares Rafael Blasco (encarcelado por el 'caso Cooperación', del que aún tiene pendientes de juicio un par de piezas más), Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado (los tres procesados en 'Gürtel'), pero también continuaron con Manuel Llombart, que no está imputado en causas judiciales.

Según Montón, las facturas se han podido denunciar gracias al trabajo de los técnicos de la consejería, que, tras el análisis de las cuentas del 2014 para su aprobación, comenzaron a "tirar del hilo" hasta desenmascarar "esta madeja de 25 millones".

La consejera estima que las facturas "suponen una clara transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda pública" y "podían ser constitutivas de varios delitos”.