Durante los últimos días, Gobierno y PSOE han acercado posiciones sobre aspectos claves de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según confirmaron fuentes gubernamentales. El pacto aún no está cerrado y la negociación continuará hasta bien entrado septiembre, pero fuentes del Ministerio de Justicia se muestran optimistas acerca de la posibilidad de sellar un acuerdo para adelgazar la estructura del órgano de gobierno de los jueces, pese a férrea oposición de las asociaciones judiciales, que consideran que la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es debilitar y dejar herido de muerte al tercer poder del Estado. Sin embargo, el principal partido de la oposición está dispuesto a aceptar que se reduzca el número de miembros permanentes de la institución, de forma que la mayor parte de los vocales del órgano sigan ejerciendo su profesión y solo cobren por participar en los plenos.

Gonzalo Moliner, durante su toma de posesión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, en julio. EFE / ANGEL DÍAZ

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Información publicada en la página 14 de la sección de Política de la edición impresa del día 09 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Gallardón propuso a principios del julio, pocos días después de la dimisión del expresidente de la institución Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes privados, que solo el máximo representante del CGPJ (que a su vez preside el Tribunal Supremo) tenga dedicación exclusiva. Sin embargo, el PSOE pide aumentar el número de liberados a cinco, o sea, los integrantes de la comisión permanente, una reclamación que el ministro está estudiando y que podría acabar aceptando, según las mismas fuentes.

El ministro hizo esta propuesta después de que el Consejo de Ministros estudiase el primer informe de la comisión de juristas designada por el Ejecutivo para reformar ley orgánica del poder judicial. La comisión adelantó sus propuestas sobre el CGPJ porque el Gobierno quiere tener listo el nuevo modelo antes de septiembre del 2013, plazo en el que concluye el mandato de los integrantes del actual Consejo.

LA RONDA DE CONTACTOS / Para ello, el Gobierno debe presentar el proyecto en las Cortes en breve, de ahí que Gallardón anunciase una ronda de contactos con el PSOE y el resto de partidos en pleno verano. En su tono más conciliador, el ministro aseguró que su intención es sacar adelante una reforma que perdurase en el tiempo y que no sea derogada por los socialistas una vez que estos lleguen al poder. Gallardón incluso reconoció, en una entrevista en Onda Cero, que dado que el CGPJ ha sufrido en los últimos meses vicisitudes que no son positivas, la mejor aportación que puede hacer el Gobierno para favorecer la recuperación del prestigio perdido es que la reforma «no sea objeto de disputas políticas, sino de un gran consenso parlamentario».

De ahí que él mismo sea quien esté pilotando la negociación con el PSOE y que, desde el primer momento, se mostrase dispuesto a flexibilizar el principal escollo: el sistema de elección de los miembros del Consejo. El PSOE marcó como línea roja que las Cortes sigan eligiendo a los vocales, echando por tierra la intención de Gallardón de devolver a los jueces la posibilidad de elegir a 12 de sus 20 representantes, tal como recogía el programa electoral del PP. Para los socialistas, dada la filiación conservadora del sector judicial, el cambio significaría dejar en manos de la derecha el Consejo «de forma indefinida». Este diario ha tratado de recabar la versión del PSOE aunque los socialistas se han limitado a señalar, a través de un portavoz de prensa, que todavía estudian la propuesta y que hasta septiembre no habrá un resultado definitivo.

LA OPINIÓN DEL SECTOR / Mientras, las asociaciones judiciales rechazan de plano la posibilidad de que los dos grandes partidos pacten adelgazar la estructura del poder judicial. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que la propuesta de Gallardón, «lejos de despolitizar la justicia, hace justamente lo contrario». Su portavoz, Pablo Llanera, teme que de los cinco vocales liberados, uno sea el presidente, y el resto de las sillas se repartan de manera proporcional entre los vocales que a su vez son jueces y aquellos con «proyección política». Este cambio, en su opinión, supone una «modificación encubierta de la Constitución», que fija que el «criterio técnico debe prevalecer sobre el político».

La APM pretende que los jueces recuperen la facultad de elegir a los vocales, «pero no para enviarles al banquillo», y que el poder lo conserve una comisión reducida.

Por su parte, Jueces para la Democracia opina que la «fijación» de Gallardón por reducir la composición actual del Consejo General del Poder Judicial -«muy pequeña en comparación con otras instituciones»- obedece a la intención del ministro de «subordinar» el poder judicial a sus dictados.