Cuatro meses después de que ETA declarase su cese definitivo, las principales formaciones -del PP al PSOE, pasando por CiU, IU-ICV y el PNV- llegaron a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para gestionar el final del terrorismo. El documento, a grandes rasgos, se limita a concluir que el anuncio de ETA supone una «victoria de la democracia», exige su «disolución incondicional» y reclama «esfuerzos para la convivencia social». Pero su relevancia simbólica es notable. Supone una vuelta a los grandes y amplios pactos escritos contra ETA, como el de Madrid, en 1987, y el de Ajuria Enea, en 1988. El consenso se intentó repetir en el 2006 para autorizar el diálogo del Gobierno con ETA, pero el PP, mucho más proclive al acuerdo en este tema cuando está en el poder que cuando no, rehusó sumarse a él. Sin embargo, a pesar de su relevancia, el documento de ayer no se llegó a votar en la Cámara baja.

Mite Ariztegui, de Amaiur, y Rosa Diez, de UPD, ayer en el pleno del Congreso. JOSÉ LUIS ROCA

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Información publicada en la página 16 de la sección de Política de la edición impresa del día 22 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El texto era una respuesta, vía enmienda, a una moción de UPD en la que se pedía la ilegalización de Amaiur y Sortu, y supone un aval del Congreso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que gestione el fin del terrorismo. Pero para que pudiera someterse al apoyo o rechazo de los diputados, el acuerdo firmado por prácticamente casi todo el hemiciclo tenía que haber contado con el visto bueno de la formación de Rosa Díez, autora de una moción original que rechazó el resto del Congreso. Pero esta se enrocó en su enfoque. En principio, tanto socialistas como populares consideran que el documento podría ser recuperado y tramitado de forma independiente en el futuro.

En cualquier caso, el primer paso en el camino para pilotar la desaparición de ETA ya se ha dado. Lo acordado es una especie de embrión de pacto de Estado. En él, entre otras cosas, se utiliza el circunloquio de instar al Gobierno a «favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios en que se sustenta el Estado de derecho», para reclamar que se autoricen medidas tendentes a la reinserción de presos etarras.

LA TRASCENDENCIA POLÍTICA / «El acuerdo construye un consenso importantísimo para esta nueva etapa», dijo por la mañana el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Desde Bruselas, y sin citarlo expresamente, el secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, aludió a los cambios de rumbo de los conservadores. «Ese acuerdo camina en la línea del trabajo común que he pedido siempre cuando estaba en la oposición, cuando estaba en el Gobierno y ahora que vuelvo a estar en la oposición», señaló.

Aun así, al PSOE hubiera querido que el pacto -forjado por el socialista Ramón Jáuregui, el popular Leopoldo Barreda y el nacionalista vasco Aitor Esteban, en contacto con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares- hubiese ido más allá. Fuentes de su grupo parlamentario explicaron que intentaron que el documento hiciera referencia al «nuevo tiempo político», y que apoyase las iniciativas que ya está llevando a cabo el lendakari, Patxi López, en materia de reinserción de presos. Pero vieron que el PP, cuyo sector más duro y parte de su electorado empuja a posiciones similares a las de UPD, no estaba dispuesto a llegar a tanto. Así que no presionaron, en aras de que el Gobierno pudiera escenificar su nuevo discurso antiterrorista.

LA MOCIÓN / Pero al no permitir UPD que se votara el pacto, en el pleno del Congreso se habló mucho más de su moción para ilegalizar Bildu y Amaiur que del acuerdo del resto de fuerzas. El popular Barreda sostuvo que la moción de Rosa Díez era «oportunista». El socialista Jáuregui la tachó de «anacrónica, inconsistente, absurda y demagógica» porque no había pruebas jurídicas para prohibir la izquierda aberzale. «Pierdan toda esperanza. Nada de lo que nos digan nos va a hacer mella», les dijo la líder de UPD. También la propia Amaiur explicó su posición sobre el acuerdo. «Está muy lejos de ser la hoja de ruta definitiva para la resolución del conflicto», señaló su portavoz, Mikel Errekondo. Y al final, cuando todo acabó, Fernández Díaz elogió la «inteligencia y unidad» que el pacto había puesto de manifiesto y sostuvo que este, pese a no haber sido votado, tenía una «gran importancia» política.