Si bien con argumentos distintos, el PP y el PSOE esgrimieron ayer la Constitución para frenar en el Congreso un referendo independentista en Catalunya. La iniciativa, presentada por ERC y calificada por casi todos los grupos de «oportunista», no pedía que el Estado autorizase una consulta para que los catalanes pudieran decidir sobre su pertenencia o no a España. Iba más allá. Lo que reclamaba era la cesión de las competencias para que la autonomía pudiera celebrar todas aquellos referendos que considerara oportunos, sin necesidad de ningún visto bueno. La proposición en ningún momento hablaba de independencia, pero su propósito estaba claro: el texto llegó a la Cámara baja pocos días después de la masiva manifestación de la Diada, y el calendario parlamentario hizo que se discutiese con inusual celeridad.

El republicano Alfred Bosch (centro) conversa con los diputados del PSC Carme Chacón y José Zaragoza, ayer en el Congreso. AGUSTÍN CATALÁN

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Información publicada en la página 14 de la sección de Política de la edición impresa del día 10 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La jugada le salió redonda a los republicanos. Aparecieron de nuevo a la vanguardia del independentismo y forzaron que todos los partidos tomaran postura. De un lado, los nacionalistas, de CiU al PNC, junto a la Izquierda Plural. Del otro, conservadores y socialistas, incluido el PSC. Pese a que su dirección en ningún momento se planteó votar a favor, algunos de sus diputados hicieron ver horas antes que en un contexto tan adverso para ellos como el que vive ahora la autonomía, con los comicios a la vuelta de la esquina, y habiendo votado a favor del derecho a decidir en el Parlament, una nueva imagen de ellos votando junto al PP frente al resto de partidos catalanes iba a ser otro trago duro.

Hubo debate. Al final, como siempre en el Congreso, ningún diputado del PSC se movió. En eso ayudó el encargado de defender la posición por parte del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, que mantuvo reuniones con el PSC e incluso llegó a abogar por un hipotético referendo, siempre que fuese por la vía legal o pactado. El PP, en cambio, negó cualquier tipo de soberanía a Catalunya.

EFECTO CLARIFICADOR / Se trató de una de las escasas ocasiones en las que se discute a fondo en el Congreso sobre una futura consulta de este tipo. El asunto aparece en ocasiones de forma tangencial, y siempre sacado por los partidos nacionalistas, pero esta vez todos los grupos tuvieron que definirse en el hemiciclo. El efecto fue bastante clarificador.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a transferir, en el plazo de seis meses, a través del artículo 150.2 de la Constitución Española, a la Generalitat de Catalunya las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referendo, para que disponga de la facultad de someter las decisiones políticas de trascendencia especial al referendo de la ciudadanía de Catalunya», rezaba la iniciativa de los republicanos, adelantada por EL PERIÓDICO el pasado 18 de septiembre.

OFENSIVA Y RESPETO / El PP se encuentra en plena ofensiva contra la deriva soberanista. El lunes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se reunió con los empresarios catalanes y dijo que «la independencia de Catalunya acabaría con España», frase a la que luego se sumó la del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que equiparó un referendo independentista con otro sobre la oficialidad del «uniforme de lagarterana», y la del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que tachó el separatismo de «disparate de dimensiones colosales». Por boca del Govern, su portavoz, Francesc Homs, exigió ayer «respeto» para los ciudadanos independentistas. Y los conservadores se mostraron respetuosos en el hemiciclo. Al menos en las formas. El contenido fue distinto. El diputado Arturo García-Tizón dejó claro que, a juicio de los conservadores, en una consulta de este tipo debería votar toda España. «No hay una soberanía distinta a la nacional. No hay una soberanía catalana, ni vasca, ni andaluza. Es el pueblo español en su conjunto el titular de la soberanía», señaló.

Desde el PSOE, Jáuregui argumentó que la iniciativa exigiría una reforma constitucional -algo que no puede hacerse a través de una proposición no de ley, que como su nombre indica carece de valor normativo-, pero abrió la puerta a una futura consulta catalana. «Que el pueblo decida, sí. En referendo, sí. Pero con pacto y con la ley», señaló. Para él, que abogó por el federalismo, la independencia, requeriría de «mayorías muy cualificadas, estables y vertebradas». Es decir, el tan citado modelo de Quebec.

Y en los extremos, ERC y UPD. El republicano Alfred Bosch dijo: «Ganaremos ante la historia. Veni, vidi, vota». Rosa Díez comparó la independencia con cosas muy desagradables: «La democracia es también decidir qué no se vota. Por ejemplo, la pena de muerte o el recorte de derechos fundamentales».