El PSC normaliza su fractura

La semana pasada, el PSC recuperaba su escaño número 20 con la renuncia del escindido Joan Ignasi Elena. Preguntado por la nueva dirección de su expartido, Elena respondía: «En el PSC no ha cambiado la estrategia. Solo ha cambiado la habilidad política de su primer secretario». Esa habilidad de Miquel Iceta se ha traducido en los últimos días en dar apariencia de normalidad a lo que políticamente es una anomalía. El alud de mociones municipales a favor de la consulta soberanista ha vuelto a proyectar la fractura interna socialista, con más de 300 concejales desmarcándose del rechazo oficial al 9-N.

Una división que en la dirección del PSC digieren con la misma tranquilidad (y ahora sin ánimo de represalias) con la que el portavoz del grupo parlamentario, Maurici Lucena, anunció de antemano en el reciente debate de política general que las diputadas Marina Geli y Núria Ventura volverían a romper la disciplina de voto. A esa solución se ha resignado Iceta para que el partido deje de exhibir una guerra civil que sigue existiendo.

Consciente de que no podría imponer un criterio único, y menos cuando el esprint final del 9-N coincide con los preparativos de unas elecciones municipales en las que los socialistas necesitan salvar muchos muebles, la dirección del PSC optó por dar libertad de voto invocando las «múltiples realidades territoriales». Solo recomendó que, allá donde fuera posible, los ediles socialistas presentasen una moción alternativa o tratasen de enmendar la original, promovida por la Associació Catalana de Municipis, para que constase que la consulta deberá atenerse a la legalidad vigente.

En los grandes núcleos metropolitanos donde tiene más fuerza, el PSC ha conseguido llevar el agua a su molino, como en L'Hospitalet y Badalona -segunda y tercera ciudades de Catalunya-, donde se aprobaron sendas mociones acordadas por los socialistas con CiU e ICV-EUiA en las que se explicitaban que la votación debía respetar el «ordenamiento jurídico». En ambos casos, con esta maniobra, el PSC evitaba hacerse la foto del no con el PPC y, en el caso de L'Hospitalet, también con Plataforma per Catalunya. En Barcelona, en cambio, la moción socialista no fue ni debatida y solo tres de los 12 concejales participaron en la votación del texto soberanista como señal de protesta. Votaron en contra.

Sin embargo, infinidad de grupos municipales no han seguido el consejo de la dirección y han facilitado que prosperase el texto original, que insta a los ayuntamientos a disponer recursos para la consulta. El apoyo de los ediles del PSC fue unánime en Girona, Vilafranca del Penedès, Vic, Sitges, Olot, Figueres, Igualada, Palamós, Cervera, Solsona y decenas de pequeños municipios de las comarcas gerundenses, ilerdenses y de las Terres de l'Ebre.

Incluso en localidades más grandes donde gobierna el PSC, como Tarragona, Sabadell y Terrassa, la abstención socialista dejó vía libre a la moción soberanista. Lo mismo ocurrió en Mataró, Reus y Pineda de Mar (cuyo alcalde, del PSC, Xavier Amor, preside la Federació de Municipis de Catalunya).

Grupos fraccionados

La herida socialista se ha visibilizado, en algunos casos, incluso dentro de un mismo grupo municipal, igual que en el Parlament. La división más profunda se vivió en Rubí, donde un edil apoyó la moción proconsulta, otro se abstuvo y seis la rechazaron. En Vilanova i la Geltrú, seis se alinearon con los soberanistas y uno votó en contra. En Blanes, tres votaron a favor y cuatro se abstuvieron. En Tàrrega, tres síes y dos abstenciones. La unanimidad del PSC contra el 9-N se dio, por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet, Tortosa y Manresa.

La situación más peculiar se vivió el martes en Lleida, donde el alcalde y presidente del PSC, Àngel Ros, decidió curarse en salud y no someter a votación la moción propia ni la de CiU, después de haberlas debatido, ante la duda de si podía vulnerar la suspensión del 9-N por el Tribunal Constitucional. No obstante, el grupo socialista llevará al próximo pleno otra moción a favor de una consulta «legal».