PONENCIA EN EL PARLAMENT
El PSC flexibiliza su posición y da aire a la junta electoral catalana
La posibilidad de que las elecciones del 27-S se regulen ya a través de una ley electoral catalana, aunque sea 'light', ganó ayer muchos enteros. Fruto del acuerdo entre Artur Mas y Oriol Junqueras para adelantar los comicios, los grupos parlamentarios descongelaron la ponencia en la que negociaban la norma, paralizada desde el pasado mayo. El objetivo era constatar si existía quórum para sacar adelante en menos de seis meses una solución de emergencia: alumbrar la administración electoral catalana y dejar intacta la fórmula electoral -la Ley d'Hondt- ante la reiterada imposibilidad de llegar a un consenso en este aspecto. El PSC, cuyo respaldo es determinante y hasta ahora se negaba a aceptar el plan b, flexibilizó ayer su posición y abrió la puerta a negociar la norma.
De haberse enrocado los socialistas, la negociación hubiese quedado fulminada ayer mismo, ya que los diputados del PSC son claves para que la reforma alcance la mayoría de dos tercios del Parlament (90 votos) que requiere toda modificación del régimen electoral autonómico. Antes de que la ponencia encallase, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP dejaron encarrilado el texto, que, además de la autoridad electoral propia, incluía propuestas en materia de transparencia y de fomento de la participación. Pero el PSC, el PPC y Ciutadans rehusaron aprobar la ley si esta no incorporaba también una fórmula electoral más proporcional que la actual.
DE ENTRADA NO, PERO...
Según fuentes de la ponencia, el nuevo negociador socialista de la norma, el exministro Celestino Corbacho -que toma así el testigo del actual primer secretario, Miquel Iceta- aseguró en la reunión que, «de entrada», el PSC no ve lógico aprobar una ley electoral que no introduzca cambios en un aspecto central de la ley como es la distribución de los escaños, por mucho que pueda existir alto grado de acuerdo en el resto del texto. De hecho, la mayoría de grupos coinciden en que los otros nueve capítulos de la ley cuentan ya con los 90 votos necesarios.
Sin embargo, los socialistas no se cierran en banda y esperarán al desarrollo de las negociaciones y al texto definitivo para decidir su voto. En este sentido, fuentes del resto de partidos se muestran optimistas respecto a la posibilidad de convencer al PSC, y le recuerdan que tendrá muy complicado oponerse a una ley que, por ejemplo, mejore la transparencia de los procesos electorales y reduzca el gasto de las campañas. Por el contrario, las posiciones del PPC y de Ciutadans parecen mucho más enrocadas y el resto de grupos no confían en sumarlos al acuerdo.
La ponencia se reunirá a partir de ahora todos los viernes tomando como referencia el borrador que elaboró el año pasado. En ese documento ya se perfilaba el procedimiento de designación de la sindicatura electoral catalana, sus funciones y los mecanismos de control, y se habían consensuado un conjunto de medidas en favor de la transparencia -como endurecer el régimen de incompatibilidades-, de fomento de la participación -como la ampliación del horario de votación y el voto electrónico- y de ahorro económico -como el envío conjunto de la propaganda y el recorte del gasto electoral-.
De todas maneras, hay varios flecos no menores por zanjar, como las primarias obligatorias para elegir a los cabezas de cartel -CiU y el PPC se oponían-, las listas desbloqueadas -que CiU y ERC aceptan pero el PSC rechazaba- y un capítulo que, con las elecciones «plebiscitarias» del 27-S en el horizonte, adquiere una especial significación: la regulación por parte de la Generalitat de la propaganda electoral, la publicidad institucional y los controvertidos bloques informativos en los medios públicos.
A DOS O TRES VOTOS DE LA MAYORÍA
La ley electoral contaría ahora con el apoyo de 87 diputados (50 de CiU, 21 de ERC, 13 de ICV-EUiA y tres de CUP), a los que, muy probablemente, podría añadirse Marina Geli, futura diputada no adscrita, escindida del PSC. En consecuencia, y dando por hecho que la otra socialista díscola, Núria Ventura, ha aceptado acatar la disciplina de voto, aún faltarían dos escaños para ratificar la norma. De ahí que el beneplácito del PSC sea imprescindible.
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