Gallardón propone pasar de 17.621 a 22 aforados en España

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere que la elevada cifra de aforados en España, 17.621, pase a 22, lo que haría necesaria una reforma constitucional y estatutaria, así como de la ley orgánica del Poder Judicial. El ministro apuesta por mantener el aforamiento para los presidentes del Gobierno, de las 17 comunidades autónomas, del Congreso y del Senado y del Tribunal Supremo y el Constitucional, según avanza el ministro en una entrevista en el diario 'El País'. "Y esto suma 22 personas", apunta Gallardón. A esa cifra se añadirían los seis miembros de la familia real.

El titular de Justicia recuerda que algunos de los aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, "que no pueden ser modificados por una ley orgánica". "Corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de estos aforamientos", ha declarado.

Gallardón insiste en que el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio", sino que puede representar una merma de un derecho fundamental, "que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria". Aun así, admite que, aunque los juristas así lo expliquen, la sociedad lo percibe de esa forma, lo que exige "una respuesta por parte del legislador".

Acuerdos con las autonomías

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha limitado a confirmar que el Ejecutivo "es partidario de abrir el debate", aunque es "consciente de las dificultades técnicas" de la reducción de los aforados. Santamaría ha mostrado la "disposición" del Gobierno a trabajar y entenderse con el resto de los grupos, cuya opinión quiere conocer, ha dicho. "También nos tenemos que poner de acuerdo con instituciones no estatales", ha señalado la vicepresidenta en alusión a las comunidades autónomas, por lo que "tiene que concurrir una doble voluntad". "Siendo conscientes complejidad técnica abramos el debate y luego veremos cómo ejecutar la decisión", ha rematado.

Fruto de la presión social, según IU

El líder de IU, Cayo Lara, ha atribuido el plan de Gallardón a la presión social y de algunas fuerzas políticas como la suya y ha instado al Gobierno a ir más allá y no dejar ni un solo aforado. En declaraciones a Efe, ha dejado "en cuarentena" la propuesta hasta ver cómo se concreta sobre el papel.