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La última reforma de la ley electoral, que establece una prohibición estricta de casi todas las prácticas que puedan ser consideradas como actos de precampaña --desde las inauguraciones hasta las banderolas--, ha sumido en el desconcierto a los alcaldes y los candidatos que concurren a las elecciones municipales del 22 de mayo.

Ellos serán los primeros que deberán lidiar con la aplicación de la nueva norma, que fue aprobada en aras de una mayor austeridad y que regirá a partir del momento en que se haga pública la convocatoria oficial de los comicios, el próximo 29 de marzo.

Sumidos en un mar de dudas sobre el alcance del veto, los partidos esperan que la Junta Electoral Central ofrezca en los próximos días una interpretación que aclare qué se puede hacer y qué no. Mientras llega ese momento, tanto CiU como el PSC han enviado circulares a sus alcaldes y candidatos para recordarles la nueva norma a fin de evitar patinazos.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona aseguraron que la aplicación de la ley le ha supuesto al consistorio un ahorro de cerca del 50% del gasto promocional.

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