Una vez contados, los votos deberían pesar sobre las decisiones de los gobernantes. En las campañas se presentan programas que dicen lo que se quiere hacer en caso de victoria. Los líderes asumen compromisos, que incluso llegan a formalizar con promesas solemnes. Y después vemos como muchas de estas palabras se las lleva el viento. Es muy natural que se genere frustración, y que mucha gente se sienta distanciada de la política. La democracia se degrada, y eso nos debería preocupar.

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Información publicada en la página 4 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 19 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Hay casos en los que la distancia entre lo que se promete en campaña y lo que se decide desde el Gobierno se puede explicar fácilmente. En un sistema parlamentario como el nuestro, el Gobierno se forma partiendo de la confianza del Congreso de los Diputados, otorgada después de la presentación de un programa por el candidato a la presidencia del Gobierno. Si su partido ha alcanzado la mayoría absoluta, el programa electoral puede pasar a ser programa de gobierno, sin retoques. Pero si no dispone de mayoría absoluta, al candidato le conviene atraer votos de diputados de partidos que no son el suyo, y por eso negocia un programa que no puede ser exactamente igual al de su campaña. Hay que introducir las modificaciones necesarias para obtener el voto de investidura, y habrá electores del partido victorioso que verán cómo desaparece del programa de gobierno lo que les ha hecho decidir su voto en la urna. A pesar de eso, se trata de un resultado posible y previsible del funcionamiento normal del sistema.

El decreto ley

Lo que no parece tan normal es lo que vivimos cotidianamente: un Gobierno que, contando con una cómoda mayoría absoluta, hace lo que había dicho en campaña que no haría. Lo hace por medio de muchos decretos-ley, limitando así el debate y la posibilidad de enmiendas. No es posible una confrontación ordenada de argumentos y alternativas. Esto pasa con todos los decretos-ley, de este Gobierno y los anteriores, pero es que ahora hay tantos que, en mi opinión, empieza a chirriar el funcionamiento de la democracia. La elección es la fuente fundamental de la legitimidad del sistema político. Pero también lo es la explicación y la discusión que realizan los representantes elegidos, en favor del Gobierno y de la oposición, antes de promulgar una ley. Una ley es una decisión política y el debate previo puede ampliar con argumentos su apoyo ciudadano. No es lo mismo hacerlo después, para justificar el decreto-ley ya publicado. Y cuando la medida que incluye el decreto-ley es contraria a los compromisos electorales, precisamente entonces es más necesario argumentar de forma convincente y contrastada.

Ya sabemos que todo deriva de la dramática situación económica. E, inevitablemente, tener intervenida la política económica significa tener también intervenido el sistema político. La mayoría electoral ve desfigurado su programa, que el Gobierno no puede desarrollar en los términos anunciados en la campaña electoral. Nada, sin embargo, le libera de la responsabilidad de explicar y debatir, en la lógica de un régimen parlamentario.