Carlos Fabra irá a juicio por tráfico de influencias, cohecho y delitos fiscales
El exdirigente conservador presenta su dimisión "irrevocable" como presidente de la sociedad gestora del aeropuerto de Castellón
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Además de Fabra, comparecerán ante el juez su expareja María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y la esposa de este, Montserrat Vives. Horas después de hacerse pública la noticia, Fabra presentó su dimisión "irrevocable" como presidente de Aerocas, la sociedad gestora del aeropuerto de Castellón, al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra.
La decisión de abrir juicio oral ha sido acordada por el juez Jacobo Pin, en un auto con fecha de este viernes, en cumplimiento de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), que el pasado febrero estimó los recursos presentados por Abogado del Estado, el ministerio fiscal y la Unión de Consumidores. El tribunal acordó entonces devolver al juez instructor todos los autos para que, "con absoluta libertad de criterio", dictara un nuevo auto con los delitos imputados al exdirigente popular.
El juez Pin pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de dejar entrever presiones de la Audiencia de Castellón para imponer el archivo del presunto delito de soborno. El magistrado consideraba que la Audiencia estaba "perturrbando" su independencia judicial en la causa.
Fabra está siendo investigado por haber defraudado presuntamente a Hacienda cantidades próximas al millón y medio y por ho haber justificado ingresos de 3,6 millones de euros en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo entre 1999 y el 2004.
Denuncia de un empresario
El juzgado, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida a principios del 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre del 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.
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