La Dirección General de la Policía destituyó ayer, a los seis meses de su nombramiento, al comisario general de la policía judicial, José Enrique Rodríguez Ulla. El comisario destituido había adquirido protagonismo en las últimos meses por tomar la decisión de investigar un ático alquilado en Marbella por el vicepresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, después de que la fiscalía ordenase que se reanudasen las pesquisas sobre un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado con el inmueble a raíz de una denuncia realizada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). La investigación fue finalmente archivada por la Fiscalía Anticorrupción la pasada semana.
Fuentes policiales aseguraron ayer que tras la destitución de Rodríguez Ulla no está la investigación del ático, sino la manera en que se hizo, y subrayaron que el comisario tomó la decisión de abrir la investigación sin ponerlo en conocimiento de sus superiores. Las mismas fuentes añadieron que se filtraron a la prensa documentos de la operación con sus números de expedientes y, lo que consideran definitivo, que el comisario actuó presionado por el SUP, que le escribió una carta conminándole a buscar las pruebas del delito. En la misiva, el sindicato dejaba caer una alusión a los mandos policiales «que cumplen consignas e incumplen la ley o dejan de cumplir sus obligaciones a cambio del trabajo fijo para su hija en un organismo importante del Estado» y añadía que estos, tarde o temprano, «acaban siendo descubiertos como lo que son: delincuentes».
El SUP admitió ayer la existencia de la carta, pero negó que hubiera intención alguna de presionar o chantajear a Rodríguez Ulla. Según fuentes policiales, el comisario sí se sintió coaccionado, pues sabía que el sindicato tenía información de que había aprovechado sus galones para colocar a una de sus hijas a trabajar en el Banco de España.
«COMPLICIDAD» / En una nota hecha pública ayer, el SUP insistió en que se debe investigar quién es el propietario del ático, al que vincula con una operación de blanqueo de capitales. Y acusó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de ser cómplice por no querer investigar el caso y por apartar del cargo al comisario que sí lo hizo.
A Rodríguez Ulla le sustituirá como comisario jefe de la policía judicial José García Losada, quien ya desempeñó esa responsabilidad en los últimos gobiernos populares de José María Aznar. En un comunicado de prensa, la Dirección de la Policía justificó «la remodelación» en la cúpula de la policía judicial como una estrategia llamada a reforzar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el cibercrimen.