El PSOE ha presentado esta mañana ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la "amnistía fiscal" aprobada por el Gobierno y, al mismo tiempo, prevé solicitar en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo.
Los socialistas recurrirán al TC el decreto-ley del pasado 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas para "la regularización de activos ocultos", y ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional la orden ministerial posterior.
Según el recurso al TC, esa regularización fiscal vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad".
Los socialistas no tienen dudas de que se violan los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica, al colocar a un colectivo de "contribuyentes-defraudadores" en una situación de "absoluto privilegio fiscal, que llega en ocasiones a neutralizar el deber de contribuir".
Basado en un informe previo elaborado por el exministro de Justicia Francisco Caamaño, el recurso está ilustrado con varios ejemplos de la desigualdad de trato que, en opinión del PSOE, representa esa medida.
Con el régimen anterior, una persona que quisiera regularizar una renta de un millón de euros obtenida en el 2008 y ocultada a la Administración Tributaria, debería pagar 565.315 euros (430.000 euros en concepto de cuota, 86.000 por recargo y 49.315 en concepto de intereses de demora devengados), mientras que con la nueva normativa solo serán 100.000 euros.
El PSOE considera que se ofrece un tratamiento fiscal mucho más favorable para quien ha incumplido sus obligaciones tributarias que para el contribuyente cumplidor, por lo que argumentan que "quiebra desproporcionada e injustificadamente la igualdad en el deber constitucional de contribuir y fija para los defraudadores un régimen de auténtico privilegio fiscal, incompatible con la idea misma de Estado de Derecho".
El recurso alega que la fórmula extraordinaria de regularización fiscal no respeta “los principios constitucionales de generalidad en la imposición del gravamen, justicia en la carga tributaria y pago según la capacidad contributiva”. "Lejos de posibilitar o favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes, lo que establece la norma impugnada es la exoneración del cumplimiento de dichas obligaciones, que son sustituidas por el pago de una cantidad" del 10%.