La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los ERE ha empezado hoy a escuchar a las 23 personas que comparecerán, en una semana que se centrará en los exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados. Los dos primeros comparecientes, el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, exasesor de la consejería de Empleo de la Junta, y el exjefe de servicio de Empleo, Antonio Diz-Lois, se han acogido al derecho a no declarar, con lo que se han negado a responder las preguntas de la comisión.
El exasesor de la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía Ramón Díaz Alcaraz, este martes, a su llegada al Parlamento andaluz. EFE / JUAN FERRERAS
Díaz Alcaraz, el primero de los comparecientes citados, ha acudido ante la comisión asistido por su abogado, Manuel Navarro Lledó, y ha leído durante diez minutos un comunicado en el que ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" y que "jamás" tuvo conocimiento de "una actuación ilegal, ni siquiera irregular", durante los cuatro años en los que trabajó como asesor de la Consejería de Empleo.
El exparlamentario ha lamentado que "haya calado en la opinión pública una injusta relación entre fraude y ERE" porque las ayudas permitieron llevar, ha dicho, "una vida digna" a "miles de trabajadores expulsados del mercado laboral". Su único interés fue, ha señalado, "mantener el empleo y la actividad productiva bajo el paraguas de la legalidad".
Pese a su negativa a declarar, Díaz Alcaraz ha dicho que "cuando se sustancie el procedimiento judicial" no tendrá inconveniente en someterse de nuevo a la comisión y ha pedido que se le hagan llegar las preguntas que pensaban plantearle para decidir "si las puede contestar".
Diz-Lois, por su parte, tampoco ha querido responder las preguntas de los distintos grupos parlamentarios y ha eludido toda responsabilidad en el caso, con la afirmación de que él era "un simple jefe de servicio de los cuatro que había". Incluso ha dicho que se reservaba el derecho a emprender acciones legales contra la comisión de investigación si se le formulaban preguntas porque podrían "lesionar su derecho a la defensa".
Este martes también está citado a declarar Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla imputado en los cuatro sumarios que investigan la gestión del mercado central sevillano.
También comparecerán en la comisión, hasta el próximo 31 de agosto, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el expresidente Manuel Chaves, el último día; y de los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana, el día 30.
Dos de los 25 citados no podrán acudir en las fechas previstas: el exalcalde de Cazalla de la Sierra, el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, que no ha podido ser localizado, y la exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, por problemas de agenda. El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha recordado que todos los citados tienen la obligación de concurrir, salvo los casos justificados, para no incurrir en un delito de desobediencia, aunque los imputados pueden acogerse al derecho a no declarar.
La comisión de investigación parlamentaria desarrollará sus trabajos mientras la juez Mercedes Alaya, encargada del caso, trabaja en la instrucción que acumula 60 imputados entre intrusos, abogados y mediadores, y siete exaltos cargos.
Las sesiones se inician con polémica, ya que el PSOE e IU han acordado, con el rechazo del PP, que cada compareciente pueda contar con una hora y media de intervención, la mitad de tiempo que tendrán los comisionados de los tres grupos para poder interrogarlos. El PP ha calificado de "burla y engaño" el reparto de los tiempos en los interrogatorios y ha acusado al PSOE e IU de intentar provocar que los populares abandonen los trabajos de la investigación.