Limitaciones del 9-N

Tener a todo un Estado en contra, no disponer de una ley electoral propia (pese a tener competencias para ello desde hace 34 años) e ir contra reloj hace que la organización de un acto tan complejo como una consulta inédita en Catalunya incluya limitaciones no menores.

Ayer la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y todo su equipo, presentaron el dispositivo organizativo. "Lo haremos bien y todo está a punto", solemnizó.

Destaca la celeridad de todo ello: urnas y papeletas encargadas (a los internos del centro penitenciario de Ponent) e incluso puntos de votación y de debate prelectoral ya fijados por el Govern, que los ha remitido a los 947 municipios catalanes. También está en marcha la creación de la comisión de control provisional (la definitiva la votará el miércoles el Parlament, formada por siete juristas y politólogos) y los plazos para definir el registro de votantes, al que el Govern puede acceder en virtud de la ley de protección de datos: si existe un marco normativo para ello, se pueden usar los datos con la finalidad que marque esa norma.

Las limitaciones se plantean, por ejemplo, con los catalanes residentes en el extranjero. Pese a los llamamientos reiterados a participar, solo se han apuntado 2.547 de 211.00 posibles votantes. Además, de estos, los que no vivan cerca de los puntos de votación delimitados para votar anticipadamente del 20 al 25 de octubre, lo tendrán difícil. Si un catalán vive en la India, lo más cercano para él sería ir a votar a la oficina ubicada en el 1606-07A Wesgate Mall. 1038 Nanjing Road (W). Localidad: Shanghái, China. Un catalán residente en Salvador de Bahía, Brasil, ha de escoger entre Colombia y Argentina, por poner otro ejemplo.

El Govern alega que debe haber un reconocimiento presencial del votante, por motivos de seguridad, por lo que no se ha permitido el voto por correo.

Respecto a los inmigrantes extranjeros residentes en Catalunya y que quieran votar, tienen que darse prisa. Del 1 al 7 de octubre deben presentar un registro del padrón que demuestre que llevan un año residiendo en Catalunya si son ciudadanos de la UE y tres años si son extranjeros extracomunitarios. ¿Qué sucede si un extranjero pide esta documentación en un municipio contrario a la consulta? El Govern recuerda que no hay que explicar para qué se solicitan los datos del padrón, y confía en que una semana es tiempo suficiente para hacer este trámite. ¿Por qué los inmigrantes no europeos han de demostrar más años de residencia? La vicepresidenta echó balones fuera: "El criterio político lo establecieron los diputados".

Sobre las prisas, el Govern alega que todo va encadenado: hay que sortear los ciudadanos designados para estar en las mesas electorales, y para ello antes debe disponerse de la lista final de votantes potenciales: 5.400.000, más los 2.547 residentes en el extranjero y registrados, y los inmigrantes que se inscriban.

8,8 MILLONES DE GASTO

Respecto a los ayuntamientos que no quieran colaborar a la hora de definir los puntos de votación, el Govern asegura que no será por falta de locales que se dejará de celebrar la consulta. Pero en lo referido a los ciudadanos llamados a participar en las mesas, sí que se admite que se trata de una opción voluntaria, pero confían en poder cubrir las bajas mediante los 48.780 suplentes que se habrán designado.

El presupuesto de la consulta es de 8,8 millones de euros. La vicepresidenta Ortega subrayó que no ha habido incremento de personal ni de recursos materiales para organizar la convocatoria, que incluye papeletas bilingües (trilingües en el caso de la Val d'Aran) y 5.200 cabinas para garantizar la privacidad del voto.

El Govern prevé movilizar a 6.200 Mossos d'Esquadra y 3.000 policías locales. Y en línea con los principios de transparencia, las organizaciones sociales pueden pedir estar presentes en las mesas de voto y los recuentos, y disponer de espacios gratuitos en ayuntamientos y medios de comunicación para dar su opinión.