El matrimonio presupuestario CiU-PPC ha exhibido en el Parlament algunos gestos de disimulo para marcar distancias, una semana después de evidenciar sin recato su buena entente económica. En el caso de los populares, su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, ha redoblado su ofensiva para acabar con las subvenciones del Govern a entidades soberanistas y ha amenazado veladamente con rechazar la ley de medidas fiscales y financieras que acompaña a los presupuestos, y que se votará en el próximo pleno. Un amago con el que el PPC intenta elevar el precio de su apoyo al Govern, puesto que el pacto alcanzado la semana pasada incluía el sí tanto a las cuentas como a la ley de acompañamiento.
Aunque Camacho ha iniciado su intervención en la sesión de control al president en tono suave y preguntando por las inversiones extranjeras en Catalunya, la líder del PPC ha terminado advirtiendo a Mas de que su respaldo no es incondicional, sino que depende de que el Ejecutivo cumpla los acuerdos que cierra con los populares. En este sentido, Camacho le ha reprochado que la ley de acompañamiento presupuestario mantenga subvenciones a entidades como Òmnium Cultural y no incluya el recorte en empresas públicas a que CiU se había comprometido ya en el 2011.
Según los cálculos del PPC, el Govern todavía les adeuda más de la mitad del acuerdo que firmaron para los presupuestos del año pasado. Sin embargo, este hecho no ha sido un obstáculo para que los conservadores reeditasen la alianza en las cuentas del 2012.
Mas ha defendido una vez más su estrategia de "geometría variable", pero ha advertido de que esta debe ser entendida como un intento de "sumar esfuerzos" en los grandes temas de país. Se lo ha recordado, especialmente, al PSC, cuyo jefe de filas en el Parlament, Joaquim Nadal, ha solicitado conocer las "líneas rojas" del pacto de Mas con los populares.