La policía controlará el trabajo y a los clientes de los detectives privados

Unas personas pasan por delante del restaurante La Camarga, en la calle Aribau de Barcelona.

Unas personas pasan por delante del restaurante La Camarga, en la calle Aribau de Barcelona. / Joan S. Puig Pasqual

MAYKA NAVARRO / Madrid

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El Consejo de Ministros ha dado este viernes el visto bueno al anteproyecto de ley de seguridad privada, que pretende atar bien corto la labor de los detectives. A partir de ahora, la policía podrá controlar, en cualquier momento, a los clientes, los encargos y los métodos que los detectives utilicen para realizar sus trabajos. Es más, las agencias privadas de detectives estarán obligadas a facilitar el resultado de sus informes.

Aunque el Ministerio del Interior lleva tiempo trabajando en esta reforma legal, especialmente en el apartado de las empresas de seguridad privada, ha sido el denominado'caso de los espías' en Catalunyay, sobre todo, la grabación de una comida entre la dirigente del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria ÁlvarezPPCAlicia Sánchez-CamachoJordi Pujol FerrusolaMaría Victoria Álvarez.

Memoria de sus actividades

Además, con la nueva ley, las agencia de detectives estarán obligadas a entregar cada año al Ministerio del Interior una memoria de sus actividades. Con todo ello, el Gobierno pretende regular "más estrictamente el acceso a la investigación privada" ya que afecta a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas, según ha recordado este mediodía el ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz.

Para tranquilizar a clientes y detectives, el ministro ha asegurado que las investigaciones mantendrán un "carácter privado". La ley también regula el almacenamiento del material de los detectives. Los informes serán guardados cinco años, y los sonidos o imágenes se destruirán un año después de su grabación salvo que estén relacionados con una investigación policial o judicial.

Normativa de 1992 actualizada

El anteproyecto pretende actualizar una normativa de 1992, y que afectará a un sector en auge que factura 3.600 millones de euros al año, y en el que trabajan 90.000 personas, según los datos aportados por el ministro durante su comparecencia tras elConsejo de Ministros.

El nuevo texto incorpora además el principio de "complementariedad" entre la seguridad privada y la pública. Este elemento es fundamental en la nueva ley porque implica un cambio radical en el actual mapa de la seguridad.

Hasta ahora, la seguridad privada era subordinada de la pública. Al pasar a ser complementarias, quiere decir que el Estado podría utilizarla en un reparto de labores y tareas. De ahí, que se regule, por ejemplo, que los vigilantes privados puedan custodiar los perímetros de las cárceles.