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Podemos se borra de las municipales y apunta a las generales

IOLANDA MÁRMOL
MADRID

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Estrategia y sangre fría. La dirección de Podemos no se deja arrastrar por la ilusión de los simpatizantes que reclaman concurrir a las elecciones municipales. Pablo Iglesias y su equipo de confianza prefieren echar el freno porque no tienen la certeza de poder controlar a los 8.177 candidatos que necesitarían para poder competir en todos los municipios. Los líderes de la organización explican que no pueden arriesgarse porque un par de conductas indeseadas pueden desprestigiar la marca Podemos, que se basa justamente en la honestidad.

La solución que sugieren para no desaprovechar el tirón electoral es apoyar a otros movimientos políticos, como Ganemos, pero sin comprometer su logotipo en las papeletas. Las elecciones autonómicas son harina de otro costal. En ellas, Podemos sí se siente capaz de garantizar la integridad de los candidatos en las 13 comunidades que celebrarán comicios y consideran que es el mejor escenario para exhibir músculo.

En estos casos, se analizará en cada territorio la posibilidad de presentarse con la marca Podemos o apoyar a otras fuerzas con potencial ganador. Esta opción, sin embargo, debería ser autorizada al menos por el 10% de los simpatizantes del partido en dicha comunidad. Para el equipo de Iglesias, las elecciones municipales serían el trampolín de impulso hacia la verdadera prioridad, que es arrasar en las elecciones generales del 2015.

DOS RIESGOS / En el análisis de contexto, el equipo que lidera la organización ve dos riesgos potenciales. El primero, que la crisis política dure menos que la económica y en un año el sentimiento contrario a los viejos partidos se haya desvanecido. El segundo peligro es que un repunte de un PSOE «algo oxigenado» podría ser capaz de recuperar a los votantes que en las elecciones europeas prefirieron a Iglesias.

En sus principios éticos, la propuesta de Pablo Iglesias establece limitaciones salariales tanto a los cargos orgánicos como a los públicos, un límite de mandato de ocho años -ampliable extraordinariamente a 12- y la obligación de renuncia a cualquier imputado, procesado o condenado.