Pleito lingüístico en Vinaròs

Era un procedimiento menor, una simple reclamación de deuda que tenía que ser presentada en el juzgado de Vinaròs (Castellón) por correspondencia territorial con la demandada, y la abogada, de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), presentó sin más, con toda naturalidad, su escrito formal redactado en catalán. Pero -igual les ocurre a las abogadas de otro gabinete de La Sénia- los letrados catalanes se están topado con un secretario judicial empeñado en convertir en frontera lingüística el río Sénia y que no está dispuesto a admitir procedimientos en una lengua que no identifica como valenciano, cuyo uso oficial en su comunidad autónoma sí está amparado por la ley orgánica del poder judicial.

El secretario, Víctor Martín Gallego, apelando a la Constitución y al Estatuto valenciano, requiere a los abogados que aporten sus demandas«en idioma español»y ya tiene diversos procedimientos encallados ante los recursos frente a tal exigencia, que además, deben efectuar previo pago.

«A pesar de la lentitud de la justicia, el secretario no tardó ni una semana en responder a mi monitorio de reclamación de deuda requiriendo que se lo aportara en español», explica la abogada de Sant Carles de la Ràpita P. B. En esa diligencia, del pasado 1 de julio, el secretario advierte de que en caso contrario puede no admitir el trámite,«de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Constitución Española y el artículo 6 el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana». Superada su estupefacción inicial, la letrada no dudó en presentar un recurso, aportando los 25 euros estipulados para tal trámite, en el que recuerda que«el valenciano es lengua oficial y como tal, de obligado conocimiento y uso por parte de cualquier administración radicada en el País Valencià». En su de nuevo diligente respuesta, Gallego se reafirma en su postura:«Dado que no presenta copia del mismo redactada en idioma español/castellano y visto el estado de la presente causa, se acuerda requerirle por plazo de cinco días a la meritada letrada para que aporte una copia del mismo redactada en español/castellano bajo apercibimiento de inadmisión del mismo». En este caso, incorpora para respaldar su petición diversos artículos legales alusivos a multas coercitivas y apertura de expedientes sancionadores. Nuevo portazo, nuevo recurso y otros 25 euros en defensa de los derechos lingüísticos.

En el caso de Isabel Castell, letrada del gabinete Castell & Martínez, de La Sénia, inicialmente optó por acatar las exigencias del secretario:«Pensé que quizá era de fuera y al principio decidí traducírselo, pero al cabo de tiempo decidí que ya iba a utilizar mi lengua y así se lo comuniqué por escrito», explica la abogada. La iniciativa tuvo sus consecuencias.«Ahora tengo tres procedimientos paralizados por ese motivo y estamos esperando al mes de septiembre para ver cuál es la situación», indica Castell.

El decano del Col.legi d'Advocats de les Terres de l'Ebre, Josep Canicio, a quien ha sido trasladado el conflicto abierto en busca de mediación, admite que«parece ser que en este caso los abogados se topan con la cuestión de que se consideran catalán y valenciano como lenguas diferentes, de manera que no se está aceptando el catalán como lengua oficial, aunque ello no se expone abiertamente». La abogada de la Ràpita ha pedido también respaldo a Acció Cultural del País Valencià.