El plan de Urkullu para desarmar a ETA divide a los partidos vascos

La entrega de las armas de ETA, que se demora desde que la banda anunciara el final de su actividad violenta hace 38 meses, ha abierto una brecha entre los partidos vascos. El Gobierno vasco, en un intento de acelerar el proceso, ha planteado la creación de un comité de desarme para que los terroristas le hagan llegar con urgencia la localización de sus arsenales. Y con un procedimiento que evitaría que fueran detenidos durante la entrega. Pero su propuesta solo ha recibido críticas; mientras PP y PSE reprochan al PNV su afán de protagonismo, la izquierda aberzale, que avala la estrategia de desarme seguida por ETA, acusa al lendakari, Iñigo Urkullu, de «tergiversar la realidad para confundir».

El Gabinete de Urkullu ha planteado la creación de un comité que estaría formado por representantes de la sociedad vasca, la comunidad internacional y las instituciones de Euskadi. Su propósito es lograr la desaparición completa de ETA a través de una entrega de las armas «rápida y efectiva». El Ejecutivo de Vitoria considera que parte de la responsabilidad del actual bloqueo del proceso corresponde al Gobierno central, que se limita a aguardar la disolución definitiva de la banda sin hacer ningún movimiento. Pero los principales reproches van dirigidos a ETA, que dilata la entrega de las armas para tener bazas en una hipotética negociación sobre sus presos.

El planteamiento del Ejecutivo autonómico se produjo, de forma inesperada, el pasado domingo, apenas unos minutos después de que la Comisión de Verificación avalara el ritmo que estaba siguiendo la banda en su desarme. El grupo liderado por Ram Manikkalingam, creado en el 2011 y que se encargó de certificar la primera entrega simbólica de armas el pasado 21 de febrero, dio por buenos unos informes recientes de la propia ETA en los que aseguraba que seguía con el sellado del armamento y que estaba elaborando un inventario de sus arsenales. Sin embargo, para el Gobierno de Urkullu la inexistencia de una verificación independiente y de un compromiso de plazos concretos invalida el enésimo paso intermedio antes de la entrega definitiva de las armas.

GARANTÍAS A LOS ETARRAS

La propuesta ahora sobre la mesa, refrendada por la cúpula del PNV, insta a ETA a comunicar la localización de sus armas y explosivos a ese comité de desarme. El procedimiento ideado pretende también proporcionar garantías jurídicas a los miembros de la banda, que temen que cualquier movimiento en torno a sus zulos pueda acarrear la captura de sus militantes.

Sin embargo, el partido de Andoni Ortuzar sabe que su propuesta es casi imposible que prospere. Tras 50 años de sangrienta historia, se antoja imposible que ETA acabe entregando las armas, aunque sea indirectamente, al PNV.

CRÍTICAS DE TODOS LOS FLANCOS

EH Bildu ha sido la única fuerza que ha respaldado el informe de la Comisión de Verificación. Cree que es «una buena noticia» porque demostraría que ETA «sigue comprometida con el proceso de paz». En su análisis, achaca la responsabilidad del colapso del proceso a los gobiernos español y francés.

En las antípodas de este enfoque, PSE y PP consideran que es preciso centrarse en un único objetivo, la disolución inmediata de ETA.Así, los socialistas sostienen que el lendakari «hace el juego» a la banda, ya que estiman que buscar vías para facilitar una entrega de armamento contribuye a «alargar» la supervivencia de sus siglas. Más contundentes, los populares vascos consideran el plan de Urkullu «un balón de oxígeno» a ETA y exigen que todas las armas acaben en manos de las Fuerzas de Seguridad «para aclarar muchos crímenes aún no resueltos».