RETOS DE LA NUEVA LEGISLATURA
Petición al nuevo 'conseller': que la escuela vuelva a ser equitativa
Maestros, padres y pedagogos exigen más apoyo a la innovación educativa
Todavía bajo los efectos de los recortes, que en educación han supuesto una caída presupuestaria acumulada desde el 2010 de más del 16%, y con la permanente discusión sobre hasta qué punto se han aplicado los dictados de la LOMCE, la escuela catalana afronta la nueva legislatura convencida de que la Conselleria d'Ensenyament cambiará esta vez de manos. De ser así, todo apunta a que la hasta ahora titular de la cartera, Irene Rigau, sería relevada por un nuevo 'conseller' de ERC.
Sea quien sea el nuevo responsable (suenan varios nombres), lo primero que le piden sindicatos de maestros y estudiantes y federaciones de padres de alumnos es una mayor predisposición al diálogo. «Que sea, al menos, una persona respetada y reconocida por la mayoría de la comunidad educativa, que tenga también cierta capacidad de empatía con aquellos a los que ha de gestionar y que no sea una figura impuesta por razón de cuota», reclama Àlex Castillo, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya (FAPAC), que agrupa a las ampas de 2.200 centros educativos catalanes.
«Tampoco es que Rigau haya realizado una gran actividad legislativa al frente de Ensenyament, entre otras cosas porque las restricciones económicas no se lo han permitido. Pero la mayoría de lo que ha hecho, ya sea el decreto de provisión de plantillas, la ley de formación profesional u otras normativas referentes al despliegue de la LOMCE, lo ha impuesto sin consenso, al menos sin el de los representantes de los trabajadores», denuncia Manel Pulido, secretario de Educación en CCOO en Catalunya.
El balance de los últimos cinco años es, en términos generales, bastante pobre, lamentan los consultados. Fundamentalmente, por culpa de los recortes, que han dejado al sistema educativo con 1.500 profesores menos que en el 2011, cuando la población estudiantil ha aumentado, en el mismo lapso de tiempo, en más de 30.000 alumnos.
LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD
Pero ese no es el peor de los «déficits de la era Rigau», observa Ismael Palacín, director de la fundación Jaume Bofill, dedicada al análisis del sistema educativo. «Lo más preocupante es que en estos años la brecha de la desigualdad se ha ampliado en las escuelas catalanas», advierte. En su opinión, «el apoyo a las escuelas y a los entornos más desfavorecidos ha de ser, sí o sí, la primera prioridad del nuevo 'conseller' de Ensenyament.
«Hay áreas, como los jardines de infancia -o educación de cero a tres años- que han quedado prácticamente abandonadas a su suerte», critica, en este sentido, el presidente de la FAPAC. «El impacto de recortes como este van a seguir notándose durante los próximos años, porque en educación los efectos pocas veces son inmediatos y no afloran hasta que el niño crece», alerta Castillo.
La otra gran prioridad para el futuro titular de Ensenyament, prosigue Ismael Palacín, «debería ser la promoción de la innovación pedagógica, sin excusas». Esta es, dice el director de la Bofill, una de las zonas ciegas del departamento en los últimos años.
«ALUMNA AVENTAJADA» DE WERT
Menos consenso hay, no obstante, sobre cómo ha implantado Rigau la polémica ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE. Para algunos, la 'consellera' ha hecho un esfuerzo importante para que el impacto de la reforma impuesta unilateralmente por el PP sea el mínimo posible en las escuelas e institutos catalanes. Otros, en cambio, reclaman que Catalunya deje de ser «una alumna aventajada en el despliegue de la ley del ministro Wert», clamaba recientemente Jaume Aguilar, presidente del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE).
Para Manel Pulido, de CCOO, «lo deseable sería que, igual que ha ocurrido en otras comunidades tras las elecciones autonómicas de mayo, también aquí se produjera un cambio de talante». «Incluso en Madrid, donde sigue gobernando el PP, han cambiado cosas», señala el sindicalista, que recuerda la reducción del 10% en las tasas universitarias aplicada por el Gobierno de Cristina Cifuentes.
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