Los peritos de la Intervención del Estado insisten en que el sistema de los ERE era "fraudulento"

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han asegurado este miércoles ante la jueza Mercedes Alaya que el sistema utilizado por la Junta de Andalucía para pagar los ERE y las ayudas a empresas en crisis era "fraudulento" en el sentido de "engañoso y falaz". Los expertos han ratificado el informe sobre las irregularidades en el que en diciembre del 2013 reprocharon que desde la Consejería de Hacienda y Economía no se adoptaran medidas para correguirlo.

Fuentes judiciales han explicado que las preguntas de la jueza han ido encaminadas a desmontar el contrainforme elaborado a instancias del expresidente andaluz y exconsejero de Hacienda José Antonio Griñan por catedráticos de derecho tributario y financiero de la Universidad Carlos III con el que quiso defender la legalidad de las ayudas y de su propia actuación. Un interrogatorio que ha merecido la petición de nulidad por parte del abogado de Griñán, al considerar que si el contrainforme es considerado una prueba pericial debería poder someterse a contradicción por parte de sus autores. Y la lamentado además la "gravísima indefensión" de su defendido al no estar personado en esta parte de la causa, ya que solo lo está ante el Tribunal Supremo dada su condición de aforado.

Según los peritos, tanto los resposanbles de la Consejería de Empleo como los de Hacienda y Economía serían responsables de la implantación de un sistema irregular para dar las ayudas sociolaborales "porque todos eran parte precisa y necesaria" para que este uso fraudulento se produjera.

PRÁCTICAS INADECUADAS

A preguntas de la jueza, los expertos de la Intervención han insistido en que el uso de transferencias de financiación desde la consejeria de Empleo a un ente público como la agencia IDEA o anteriormente el Instituto de Fomento Andaluz para que fuese este quien abonase las ayudas y así escapar a la fiscalización "no se ajusta a la legalidad", pese a que el contrainforme de Griñán defendiese que esta figura se podía utilizar con otros fines. "Es inadecuado e improcedente de acuerdo a los términos que dice la ley", han apostillado, recordando además la falta de competencias de una administración regional para conceder este tipo de ayudas sociolaborales que competen al Estado central.

En su declaración, los peritos han asegurado que el contrainforme de los catedráticos contiene "numerosos errores", y han señalado los tres problemas que en su opinion presenta este sistema de concesin de ayudas: presupuestarios, de gestión de los créditos por la Consejería de Empleo y un tercero, derivado de los dos anteriores, de "control" de la concesión de las subvenciones, porque se impidió la fiscalización previa de las mismas.