Los pasos hacia el 9-N evidencian su dificultad

El catedrático Joaquim Brugué.

El catedrático Joaquim Brugué.

FIDEL MASREAL / XABIER BARRENA
BARCELONA

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Como nadar con el horizonte como objetivo. A cada brazada, el destino está más lejos. Esto es lo que le está pasando a los impulsores de la consulta de noviembre: se siguen tomando medidas preparatorias pero a cada paso surgen nuevas dificultades internas (la renuncia de un miembro de la comisión de control, la dificultad de cumplir los plazos) o externas: amenazas del Estado por desobedecer al TC. Y la unidad, ese jarrón delicado, pende de un hilo.

Lo que podría ser un desafío en toda regla, la constitución de la comisión de control (la junta electoral) de la consulta, se ha convertido este lunes en un inicio incompleto: Joaquim Brugué, uno de los siete miembros de la comisión, se negó a comparecer, el domingo, en la reunión constitutiva del organismo, que tuvo lugar en dependencias del Govern, concretamente de la conselleria de Governacióconselleria. En efecto, la renuncia de Joaquim Brugué, catedrático de ciencia política, experto en procesos de participación y nada sospechoso de ser contrario a este tipo de mecanismos de profundización democrática, propuesto por ICV, constató las dificultades de seguir adelante. No se dan las «garantías democráticas», avisó. La comisión de control es clave, como lo demuestra que la resolución del Constitucional anula específicamente la disposición de la ley que hace referencia a este organismo.

HOMS DESCONCIERTA A ERC / Ese fue el primer escollo. El segundo, y este ya a nivel interno, fue la constatación que hizo el conseller y portavoz del GovernFrancesc Homs: en cuestión de una semana se decidirá si hay consulta, ha avisado este lunes en RAC-1. Una manera elegante de decir que en cuestión de días podría darse por finiquitadas las opciones de acudir a las urnas con las garantías con las que el president Mas presidentsiempre exige como condición. La otra es la unidad.

Una unidad que tras la renuncia de Brugué y la contrarreloj que fijó Homs, ha quedado de nuevo en entredicho. Para ser exactos, 60 horas es lo que duró la paz entre CiU y ERC alcanzada el pasado viernes en la cumbre del Palau de la Generalitat. Las palabras del titular de Presidència han sentado muy mal en las filas republicanas, siempre sensibles a cualquier muestra que, proveniente del Govern, pueda dar a entender que no habrá consulta. La portavoz de Esquerra, Anna Simó, ha afirmado que el 9-N está «encarrilado» aunque no «blindado», y ha reclamado que no se pongan fechas límite para saber si la consulta podrá celebrarse, como ese 15 de octubre apuntado por Homs.

Después de que la campaña institucional de información sobre el 9-N haya sido sustituida por otra, aunque ahora se limita a explicar la suspensión, y cuando la comisión de control está vigente, ERC entiende que «todas las actuaciones están en marcha».

LOS PLANES DE MAS / Por eso Simó se declaró «desconcertada» por el plazo fijado por Homs. Según la republicana, en la cumbre proconsulta del viernes «hubo una voluntad política para que la consulta siga adelante» y «se acordaron las garantías democráticas para llevarla a cabo».

En cambio, ICV, otro partido proconsulta, ha mostrado un total respeto por los argumentos de Brugué en contra de cómo se está preparando todo. Si a ello se añade que David Fernàndez, de la CUP, ha alertado en Catalunya Ràdio de que «algunos combinan la calculadora del proceso con la del partido», el futuro de la unidad parece poco alentador.

De hecho, en la reunión de la ejecutiva de Convergència, Mas ha admitido que existen dos alternativas a la consulta: una, la de que se rompa el delicado jarrón de la unidad. Y la otra, que el día 9 se lleve a cabo un acto de protesta y se convoquen elecciones posteriormente. Un escenario, el electoral, sobre el que ha recordado que es él quien tiene la batuta del cúando. Una manera de decir que si no hay lista única por el sí-sí, entonces la cita puede dilatarse.

Pero para que nadie acuse a nadie, en el bloque proconsulta siguen los preparativos casi clandestinos. Los inmigrantes pueden registrarse porque el Govern tiene la obligación legal de admitir cualquier documento ciudadano. Las comisiones de seguimiento también se han designado, discretamente. Mientras, el conseller Ramon Espadaler ha garantizado en TV-3 que los funcionarios, incluidos los mossos, cumplirán la ley. Equilibrios y más equilibrios. Todos siguen nadando, pese a que en privado muchos admiten que el horizonte sigue alejándose. Como dijo Homs, es cuestión de días.