Los grupos se abren a reformular las comisiones de investigación

Todo huele a podrido. Sin mayor reflexión, a vuelapluma, esta es una conclusión a la que podría llegar un espectador que haya seguido las comparecencias de la comisión de investigación sobre el fraude fiscal y otras prácticas de corrupción política. Aunque, claro, ni los partidos pueden limitarse a tan sucinto resumen ni es cierto que los trabajos no hayan servido nada más que para airear trapos sucios. Como mínimo, muchos diputados han visto necesario revisar este tipo de trabajos para evitar algunas escenas que no les han dejado precisamente en buen lugar por el desprecio de algún compareciente o por la falta de preparación en algunos interrogatorios.

No era un juicio y por tanto no cabe esperar sentencia, pero a la luz de lo que han deslizado los grupos, este exorcismo político iniciado el 1 de diciembre destilará en las resoluciones de muchos grupos que hay que redoblar los esfuerzos por la transparencia para evitar comportamientos opacos como el de la familia Pujol familia Pujoly de su entorno, o los casos 'ITV', 'Camarga', 'Bárcenas', 'Bustos'... Se evidenciará además que la lucha contra el fraude fiscal es insuficiente, o que hay cierto empresariado que gusta de jugar con la ley, o que hay establecer más cortafuegos para que algunos no confundan lo privado con lo público y el poder ejecutivo con el judicial. Y también hay coincidencias en que hay que reformular las comisiones de investigación para dotarlas de mayor utilidad.

Finalizadas las comparecencias, los partidos deberán presentar sus conclusiones el próximo día 14. Tendrán dos días para tratar de llegar a acuerdos transaccionales con otras fuerzas y, el día 17, se hará una votación de dictámenes en la comisión. Ahí ya se podrá ver por ejemplo si hay tiranteces entre CiU y una ERC que dice estar dispuesta a demostrar «tolerancia cero» con la corrupción o si los republicanos evitan hacer sangre con sus socios parlamentarios en algunas de sus polémicas más opacas. A la semana siguiente, previsiblemente, el pleno del Parlament dará el visto bueno definitivo.

NORMATIVA DEMASIADO ESCUETA

Revisar el propio formato de las comisiones de investigación es en principio un punto de encuentro entre varias fuerzas. Después habrá que ver hasta dónde llega la renovación, pero el debate está abierto. El reglamento de la Cámara sobre este tipo de trabajos es muy escueto y hay decisiones que se toman por una convención de hace años pero que no están escritas negro sobre blanco. Tampoco quedan claros todos los derechos y deberes de los comparecientes, aunque el núcleo central lo marca la siguiente pregunta: ¿Deben los imputados comparecer en una comisión de investigación? A la vista de lo sucedido en esta última, muchos de ellos se acogen a su derecho a no declarar para no perjudicar su defensa ante el juez. Otros, cierto es, no han tenido reparos en explayarse.

CiU ha sido la que más veces ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la asistencia de imputados. Los nacionalistas han recordado a menudo que en otros países europeos no se abre una investigación parlamentaria sobre una causa si está inmersa en un proceso judicial porque entienden que se interfiere en él. Otras fuerzas como la CUP aprueban los argumentos a favor de esa medida y consideran que las escenas de silencio de los imputados ante las preguntas de la comisión no hacen más que restar prestigio a la Cámara. No obstante, están dispuestos a hablarlo más a fondo porque, recuerdan, hay casos que tardan mucho en juzgarse y eso implicaría que la comisión de investigación se celebrara con enorme retraso.

PROHIBIR LOS VETOS

El partido de David Fernàndez e ICV-EUiA, entre otros, reclamarán asimismo que se prohíban los vetos de cualquier comparecencia -como ha sucedido en el pasado-, y la CUP incidirá en la necesidad de que los grupos tengan toda la documentación oportuna antes de que empiece la comisión y de fijar con total precisión la responsabilidad penal de quien no comparezca. Relacionado con esto último, y si no vuelve a haber otra prórroga, la Mesa del Parlament aprobará el martes enviar a la fiscalía a los ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, así como al jefe de Gabinete del presidente Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y a otros altos cargos del Ejecutivo central. La comisión de investigación les ha reclamado su asistencia hasta tres veces, pero ellos se han negado alegando que solo deben rendir cuentas ante el Congreso.