El Parlament y la Generalitat piden tres años de cárcel por el asedio a la Cámara

El Parlament pide tres años de cárcel para 20 participantes en el asedio a la Cámara catalana el 15 de junio del 2011, al considerar que cometieron un delito contra las instituciones del Estado por impedir la entrada de los parlamentarios. La Generalitat pide en su escrito de acusación la misma pena para cuatro de los manifestantes.

Ambas instituciones, que ejercen la acusación particular, denuncian a los acusados, participantes en una protesta contra los recortes, por retrasar la entrada de los diputados y obligar al Parlament a modificar el orden del día del pleno, pese a que finalmente pudieron llegar a la cámara y la sesíón prevista se llevó a cabo. El 'president', Artur Mas; la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; 'consellers' y portavoces acabaron accediendo al Parlament en helicóptero.

Medidas excepcionales por "temor"

"Pese a que mayoritariamente los parlamentarios que acudieron a la sesión del día 15 de junio del 2011, pudieron acceder a su escaño, cambiando sus hábitos de transporte, la gran mayoría de ellos en medios inhabituales (vehículos policiales, helicópteros o protegidos por cápsulas policiales), lo cierto es que debieron recurrir a esas extraordinarias medidas de protección por el temor e impedimento de deambulación", recoge el escrito del Parlament.

El texto también señala que algunos diputados fueron rodeados, increpados y golpeados por los manifestantes y tuvieron que refugiarse en la comisaría de la Guardia Urbana de la calle Nàpols de Barcelona y en la sede de UDC, en la misma calle.

La petición del fiscal

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de cárcel para los 20 manifestantes, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la cámara. Por su parte, el sindicato Manos Limpias solicita para ellos, como acusación popular, 8 años y medio de cárcel.

"Enloquecimiento represivo"

El diputado de la CUP David Fernàndez ha tachado de "enloquecimiento represivo" la petición por parte del Parlament y la Generalitat de tres años de cárcel para los manifestantes. El líder del partido ha puntualizado que la acción por la que se les acusa no fue un acoso a la Cámara catalana, sino "a los presupuestos y a la dictadura de la austeridad". Fernàndez ha criticado que la Generalitat dé cobertura a "nuevas formas penales de castigo a la disidencia política y social".