Estoy a favor del pacto fiscal. A favor de tener la llave de la caja, de tener una agencia tributaria integrada. Estoy también a favor de garantizar la solidaridad y limitarla. Quiero una relación bilateral con el Estado y estoy a favor de un régimen específico para Catalunya.

Pere Navarro saluda a la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, junto a Daniel Fernández, el sábado. ELISENDA PONS

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 22 de la sección de Política de la edición impresa del día 23 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Coincido también en el diagnóstico, en el reconocimiento de que, del estudio de las balanzas fiscales, se desprende que Catalunya aporta mucho más de lo que recibe, y que nuestro déficit fiscal es un lastre para el propio desarrollo de las potencialidades de Catalunya como motor económico y para sus propias aspiraciones de autogobierno.

Es posible que los socialistas hayamos estado demasiado lentos de reflejos en la definición de nuestras propias posiciones, y demasiado tímidos en la exigencia del cumplimiento de los compromisos del Estado con Catalunya pactados en el 2009. Y, sin embargo, el primer secretario del PSC adelantó una propuesta el 29 de febrero, y en la primera cumbre con el presidente de la Generalitat entregó un documento, que tenía muchas puertas abiertas e incluso hacía posible el concierto.

Pero ha llegado la hora de la verdad. Es el momento de llegar a un gran acuerdo de país que sea una buena base para una negociación que será dura, pero que es imprescindible para corregir todos los desequilibrios que hemos citado.

Ahora el problema radica en que el debate sobre el pacto fiscal se ha mezclado y ha quedado desvirtuado en medio del debate sobre el soberanismo y las aspiraciones de independencia. Los sectores más radicales del soberanismo y del independentismo han instalado la ecuación: pacto fiscal = concierto económico = independencia. Parten de una formulación simple: si hacemos que se equipare pacto fiscal y concierto económico, habremos cogido un atajo y habremos acortado el camino hacia la independencia, por frustración de la solución negociada.

No rehúyo el debate sobre la independencia. No queda lejos en el tiempo el momento en que los estatutos del PSC recogían el derecho de autodeterminación de los pueblos y este derecho se ha votado, lo hemos votado, más de una vez en el Parlament. Incluso, me atrevo a decir que, desde mis convicciones catalanistas, encuentro en el horizonte de la independencia un punto de lógica intelectual. Puedo añadir que no veo claro el camino y, menos todavía, los resultados. Lo siento, pero al entusiasmo colectivo le contrapongo unas dosis de racionalidad y pragmatismo, y graves interrogantes sobre el itinerario hacia resultados plausibles y tangibles.

Pero, sobre todo, quiero ahora insistir en que, a la hora de hablar de financiación, solaparle el debate de la independencia tergiversa las cosas, modifica los objetivos inmediatos y debilita la unidad.

Hay, claro está, quien puede llevar sus planteamientos al extremo y formular la siguiente aseveración. Queremos el concierto. Si nos niegan el concierto, queremos una consulta, y fruto del resultado de la consulta, queremos que el Parlament de Catalunya formule una declaración unilateral de independencia.

Justamente por eso, es legítimo que nos preguntemos ahora qué queremos. ¿El dinero y el modelo o la independencia? ¿Un gran acuerdo, un nuevo modelo con la limitación de la solidaridad o la independencia de Catalunya? Para algunos, la respuesta está clara: tenemos prisa, dicen, y conceptúan la independencia como la clave de todas las soluciones, como un gran principio ordenador de las cosas de Catalunya, sin ningún condicionante. No sé si, a estas alturas, en el contexto actual, en un momento de máxima limitación de soberanía a favor de Bruselas y en un contexto de brutal restricción económica, es realista plantear el objetivo de la independencia.

De momento, yo pensaba que queríamos el dinero, y que en esto podíamos estar todos de acuerdo. Pero, tal como están las cosas, es el Govern de Catalunya el que debe aclarar si quiere el dinero y el modelo o busca directamente la confrontación con el Estado hasta las últimas consecuencias. Los socialistas, como decía al principio, estamos a favor del pacto fiscal, y no estamos a favor del concierto económico en los términos de la financiación específica de Navarra y el País Vasco. ¿Por qué? Pues, simplemente, porque debemos considerarlo una anomalía y una excepción. La anomalía tiene raíces históricas, remotas y recientes, y estas raíces son las que llevan, en el contexto vasco, a los socialistas de Euskadi a defender para su territorio el concierto económico.

La generalización del sistema de concierto es hoy inviable y la extensión en Catalunya de un modelo equivalente al del País Vasco, insostenible. Los que dicen concierto o independencia lo dicen porque saben que el concierto no es posible.

Sí es posible, en cambio, todo lo demás, y una nivelación progresiva que, sin llegar al sistema foral del concierto (administrado, ya es curioso, en buena parte por las diputaciones), nos lleve a resultados similares, equivalentes y proporcionales.

Es verdad que, en algunas ocasiones, parece que somos prisioneros de las palabras. Los sindicatos, por ejemplo, tan pronto como dicen que no quieren un concierto económico como el del País Vasco y Navarra, dicen que quieren «el concierto del siglo XXI». Pues por palabras que no quede. Catalunya puede y debe tener un régimen fiscal específico con el mismo encaje legal que los otros sistemas específicos, incluidos el vasco y el navarro.

Pero si queremos la mejora real del poder y los recursos, será necesario que no nos empecinemos en un concierto a la vasca, que significaría, implícitamente, la negación de la premisa inicial del acuerdo compartido por la inmensa mayoría de los catalanes. Queremos más dinero, más poder y una solidaridad justa que no engulla toda la capacidad de Catalunya de generar riqueza y actividad productiva, que tiene y tendría unos efectos empobrecedores y letales para Catalunya y para el conjunto de la economía española.