Es de las pocas buenas noticias que el Gobierno de Mariano Rajoy ha podido dar en lo que va de año. Prometieron que pondrían una alfombra roja a las pymes y los autónomos y el suelo de la economía española todavía está lleno de piedras, pero la medida anunciada ayer por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría permitirá allanar el camino a muchas empresas. Si en mayo ya se destinaron 9.263 millones de euros a pagar las facturas a 106.283 proveedores de las entidades locales, a finales de este mes se abonarán 16.980,8 millones por los 3,7 millones de recibos que tienen pendientes de saldar las comunidades autónomas. En total, según explicó la también portavoz del Ejecutivo central, serán 28.230 los beneficiarios de la segunda fase de un plan que los populares quieren difundir con los altavoces a todo volumen. La intención es transmitir confianza para que el dinero vuelva a fluir y para que los mercados dejen de atosigar (si eso es posible, estando como está el sistema bancario del país).

Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 17 de mayo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con consejeros autonómicos. JOSÉ LUIS ROCA

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Información publicada en la página 20 de la sección de Política de la edición impresa del día 09 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Ayer fue el último día para que los gobiernos autonómicos comunicaran al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las cifras definitivas de proveedores acogidos y las facturas incluidas. El Gobierno, que no espera que se produzcan incrementos significativos respecto de lo ya consignado, ha recibido la solicitud de 14 comunidades para adherirse al plan. Es decir, todas excepto el País Vasco y Navarra, que gozan de sus privilegios forales, y Galicia, que no lo ha hecho porque, como presumió Santamaría, el Ejecutivo del popular Alberto Núñez Feijóo «está pagando a sus proveedores al día».

Catalunya, en cambio, no tiene más remedio que añadirse a la iniciativa para oxigenar las arcas de la Generalitat, aunque el president Artur Mas ya le dejó claro el miércoles en el Parlament a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, lo siguiente: «No daremos las gracias por eso, porque no están avanzando una parte del dinero que ya es nuestro».

GRANDES EMPRESAS BENEFICIADAS / La medida, además de para las administraciones, supondrá un respiro para muchas pymes, si bien es cierto que de los 16.980 millones previstos en el plan, alrededor de 10.000 los recibirán grandes compañías. Otros 6.400 millones serán para pequeñas y medianas empresas y 227.000 euros, para autónomos.

MÁS PLAZO PARA AYUNTAMIENTOS / En el caso de la primera remesa del plan, la destinada a las entidades locales, fueron 68.768 pymes, 36.904 autónomos y 611 grandes firmas las que se repartieron los 9.263 millones que les adeudaban las administraciones. Ayer, además, la vicepresidenta del Gobierno recordó que se ha ampliado el plazo hasta el 15 de junio para que se adhieran al plan aquellos ayuntamientos que, por distintas razones, no pudieron hacerlo en el primer intento.

Serán 1.478 entidades locales que quedaron excluidas y a las que se les iba a retener una participación de ingresos del Estado por un importe de 1.296 millones de euros. Así, se podrán acoger a este programa los municipios que antes del 31 de marzo elevaron al pleno municipal el plan de ajuste aunque luego fuera rechazado por falta de mayoría. También los que sí lo aprobaron, pero a los que luego se lo rechazó Hacienda (315 casos). Un tercer grupo lo forman los que tienen un plan de ajuste aceptado por el Gobierno pero que no pudieron firmar el crédito con el banco por falta de mayoría suficiente y los que lo firmaron pero por importe o plazo de amortización distinto del que debieron suscribir.