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Paradojas de la política: una prestación asistencial creada durante la primera etapa de CiU en el Govern de la Generalitat, la renta mínima de inserción (RMI), conocida popularmente como pirmi, va camino de convertirse, debido a la polémica gestión que ha hecho de la ayuda el actual Ejecutivo de la federación, en el primer gran bache de los primeros meses de mandato de Artur Mas.

De izquierda a derecha, Simó (ERC), Capdevila (PSC) y Camats (ICV) registran la petición de convocatoria de la Diputació Permanent del Parlament, ayer. CARLOS MONTAÑÉS

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Información publicada en la página 14 de la sección de Política de la edición impresa del día 17 de agosto de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)

Lo que no han podido conseguir otros debates de fondo como el de los ajustes presupuestarios y el de las prioridades identitarias lo va a lograr el recorte aplicado a esa renta que cobran las personas con menos recursos económicos: unir a toda la oposición, incluido el PPC, con el objetivo de obligar al Govern a asumir responsabilidades y rectificar. Un frente que se está organizando, según ha podido saber este diario, con el fin de ir más allá de este mes y protagonizar el inicio del curso político tras las vacaciones de verano.

Ni siquiera los populares, los mismos que han facilitado la aprobación de las cuentas del Govern y de la reforma legal que limita el acceso a la RMI, han podido abstraerse de una cuestión que según su diputado y portavoz, Enric Millo, va más allá de criterios ideológicos y entra de lleno en el terreno de la sensibilidad social más elemental. «No podemos dejar pasar este caso como si no hubiera ocurrido nada, se trata de una manera de actuar», esgrime.

NECESIDAD Y EFICACIA / Sensibilidad social, la misma que argumentó el entonces president, Jordi Pujol, para implantar la ayuda en 1990 y garantizarla por ley en 1997. «Así lo aconseja la experiencia alcanzada a lo largo de los años de funcionamiento, que ha podido constatar su necesidad y la eficacia en la lucha contra las situaciones de pobreza y marginación», indica el preámbulo de la norma impulsada por CiU.

Lo que irrita especialmente a la oposición y a las entidades que trabajan con los colectivos más desfavorecidos es la forma con la que el Ejecutivo catalán ha impuesto, en plena crisis, su polémico plan para frenar el fraude en el cobro de la RMI. Es por ello que el PPC considera que el Govern «deberá asumir responsabilidades» y «reconocer, de entrada, que se ha equivocado», afirmó ayer Millo.

CABALLO DE BATALLA / Los tres grupos de la izquierda (PSC, ERC e ICV-EUiA), que junto a los conservadores forzarán la semana que viene la comparecencia parlamentaria de los consellers responsables de la ayuda (Francesc Xavier Mena, del Departament d'Empresa i Ocupació, y Josep Lluís Cleries, de Benestar i Família), ya piensan en hacer de este caso el caballo de batalla del debate de política general que se celebrará a finales de septiembre. Allí es probable que presenten propuestas de resolución críticas con el Gabinete de Mas por su gestión de ese recorte. Es más, entre las fuerzas del anterior tripartito ya se sopesa la posibilidad de plantear formalmente la primera reprobación de consellers de esta legislatura.

Siguiendo con la cuestión de las formas, a la oposición le enoja que ni Cleries, que siempre se ha jactado de formar parte del mundo de las entidades sociales y ha prometido que la lucha contra la pobreza será su prioridad, ni Mena hayan dado ninguna explicación sobre los cambios decididos y el caos generado. Lo mismo sucede con el tono que empleó el secretario general de la Conselleria d'Empresa i Ocupació, Enric Colet, para defender la reforma. «No creo que nos hayamos equivocado, aunque sabíamos que había gente que lo pasaría mal», declaró.

El propio Mas evitó la autocrítica el lunes pasado, al argumentar que el gasto en la renta mínima se había disparado. Pese a ello, en el Govern y en CiU no son ajenos a la necesidad de admitir errores y la vicepresidenta, Joana Ortega, fue ayer la primera integrante del Consell Executiu que asumió públicamente que «seguramente las cosas se podían haber hecho mejor» en la lucha contra el fraude en la RMI.

Fuentes de la federación nacionalista asumen en privado dos errores. En primer lugar, haber decidido sin previo aviso el envío de cheques por correo ordinario (la nueva forma de pago), muchos de los cuales no han llegado a los destinatarios. Y también, pero no menos importante, la falta de tacto a la hora de dar la cara para explicar una situación que ha generado una notable alarma social. Por todo ello se impone, incluso en el seno del Govern, una pregunta de fondo: ¿los recortes presupuestarios han de limitar también el presupuesto destinado a una ayuda cada vez más reclamada debido a la grave crisis?