La oposición maniobra para tratar de frenar la reforma exprés del TC

La mayor parte de los grupos de la oposición presentaron ayer un escrito encaminado a frenar la reforma exprés del Tribunal Constitucional que el martes registró el PP en forma de proposición de ley urgente en el Congreso de los Diputados y que está diseñada para poder sancionar e inhabilitar a Artur Mas en el caso de que Junts pel Sí gane las elecciones y promueva una declaración unilateral de independencia.

La iniciativa fue calificada por el presidente de la Cámara baja y no por la Mesa de la institución, que no se reúne hasta el próximo martes. La oposición denuncia que Jesús Posada, con la admisión a trámite de la proposición, desobedeció el reglamento y se puso «al servicio» del PP para que el partido del Gobierno tenga tiempo de aprobar la iniciativa antes de que se disuelvan las Cortes, en aproximadamente mes y medio.

El portavoz del PSOE -partido que tomó la iniciativa de hacer un frente común-, Antonio Hernando, denunció que las prisas del PP suponen un «verdadero atropello de los derechos de la oposición» y una prueba más de cómo el partido conservador «maltrata a las instituciones y las pone a su servicio». El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró por su parte, que Posada ha «favorecido» directamente al partido proponente y por ello pidió que no se publique la iniciativa hasta que esta sea calificada por la Mesa. El escrito lo firman PSOE, CDC, Unió, PNV, UPD y tres partidos del Grupo Mixto salvo ERC, que se negó porque el PSOE siempre excluye a Amaiur y no «renienga de los insultos a los catalanes de Felipe González», según explicó Joan Tardá en Twitter.

La oposición es consciente de que el PP tiene mayoría absoluta en la Mesa, pero busca dilatar la aprobación de una iniciativa que no comparte, teniendo en cuenta que los tiempos son muy ajustados y cualquier retraso impediría que la norma se aprobase el 29 de septiembre en el Congreso para su paso al Senado, como desea el PP.

LA URGENCIA

Los populares sostienen, por contra, que Posada tenía plenas competencias para calificar la ley. El propio presidente de la Cámara baja remitió un escrito a los grupos en el que defiende su potestad con el argumento de que la Mesa delega sus funciones en él cuando no tiene prevista una reunión ordinaria. De hecho, asegura que consultó a los servicios jurídicos, que le dieron el visto bueno. No obstante, Posada reconoce que admitió a trámite la proposición para que esta pueda debatirse en el próximo pleno.

El presidente explica que calificó la iniciativa porque el PP le pidió que esta fuera tratada por el procedimiento de urgencia, de forma que pudiera incluirse en la junta de portavoces del próximo martes, que es la que decide el orden del día de la siguiente sesión plenaria. Los servicios jurídicos avalaron la calificación, según el escrito de Posada, sin esperar a la decisión de la Mesa precisamente por su «carácter urgente». Posada admite a que no se han calificado de esta forma otras iniciativas presentadas en agosto, pero alega que es porque no eran inaplazables.

En cualquier caso, Posada admite que puede pedirse la reconsideración por parte de la Mesa. Por tanto, el próximo martes, en la reunión de este órgano, es previsible que el PP use de nuevo su rodillo para enterrar la maniobra dilatoria de los grupos de la oposición.