El Periódico

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Varapalo del Consejo de Europa a la reforma del Constitucional de Rajoy

La Comisión de Venecia rechaza que el tribunal pueda suspender cargos públicos porque atenta contra su neutralidad

Este organismo consultivo no recomienda otorgar ese poder aunque admite que no contradice "los estándares europeos"

Varapalo del Consejo de Europa a la reforma del Constitucional de Rajoy

AGUSTÍN CATALÁN

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. 

Sábado, 11 de marzo del 2017 - 12:38 CET

Duras críticas a la polémica reforma que Mariano Rajoy impulsó en 2015 para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender a cargos públicos. El Comisión de Venecia (CV), organismo del Consejo de Europa compuesto por expertos independientes, ha redactado un informe sobre los cambios introducidos por el PP en el que rechaza que el Ejecutivo central cargue sobre el tribunal la responsabilidad de hacer cumplir sus propias sentencias. A primera vista, dice la CV en la nota difundida este sábado, puede parecer que se "aumenta el poder" del Constitucional; sin embargo, apunta, lo que está haciendo es dañar su "independencia".

"La atribución de la responsabilidad total y directa de la ejecución de las sentencias al propio tribunal debería reconsiderarse a fin de promover la percepción del tribunal como un árbitro neutro, como el juez de las leyes", se puede leer en el documento del Consejo de Europa. "Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de motu proprio sino bajo requerimiento de las partes", sugiere. El informe definitivo, que no es vinculante, se hará público el lunes.

"Una gran noticia: Europa, por primera vez, planta cara a España", ha escrito el 'president', Carles Puigdemont, en Twitter.

Pese al revés para el PP, la CV, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, concluye que aunque "no recomienda atribuir tales poderes" al tribunal, ante "la ausencia" de una filosofía común, la reforma "no contradice" los "estándares europeos". Y los expertos recuerdan que en los casos en que un representante público "se niega a ejecutar las sentencias, está violando los principios del imperio de la ley, la separación de poderes y la coopeación leal entre los órganos estatales".

A estas conclusiones se aferra el Gobierno, que a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha respondido a Puigdemont que el dictamen avala la "legitimidad" de unas medidas que impiden que "algunos caraduras se salten la Constitución y se salgan con la suya".

UN PODER EXCEPCIONAL EN EL CONTEXTO EUROPEO

La Comisión ve "legítimo" tomar medidas "para asegurar el cumplimiento" de las sentencias, pero no cree que sea positivo otorgar esa responsabilidad al TC. De hecho, dice que en derecho comparado la fórmula vigente en España es "la excepción". "Por lo general esta tarea se atribuye a otro poder estatal", avisa. En las alegaciones que el Gobierno envió a la CV, el Ejecutivo se escudó en que el Constitucional de Alemania y el de Austria cuentan con herramientas similares.

El Gobierno central presentó la reforma justo antes de las generales del 2015 y cuando Mas empezó a defender la declaración unilateral de independencia

Rajoy impulsó estos cambios en octubre del 2015, cuando tenía mayoría absoluta, y cuando el entonces 'president' Artur Mas empezó a defender la declaración unilateral de independencia. La iniciativa legal fue presentada en plena precampaña por Xavier García Albiol. "Respetamos el informe, pero estamos tranquilos", dijo Albiol este sábado.

La opinión de la Comisión fue requerida por la Comisión de Control de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que había recibido una queja por la reforma. Fuentes de la CV no han querido desvelar quién la planteó.

EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE SITIO

Este episodio protagonizado por el Consejo de Europa ha permitido saber que Rajoy ha estudiado la aplicación del artículo 116 de la Constitución por si es necesario para frenar el 'procés'. En el documento de alegaciones que el Gobierno envió a la CV se afirma que "si la situación fuera más grave" y no pudiera solucionarse con otras herramientas, como el artículo 155 (que lamina el poder del Ejecutivo autonómico), podría aplicarse el 116, que se refiere al estado de alarma, excepción y sitio. El estado de excepción está destinado a restaurar el orden público y el de sitio hace referencia a las amenazas o insurrecciones contra la soberanía de España y “su integridad territorial” que no pudiera resolverse “por otros medios”.

La bala en la recámara del Constitucional

El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó los últimos momentos de su mayoría absoluta para dotar al Tribunal Constitucional de nuevas armas con las que enfrentarse al desafío independentista. Pero, aunque están ahí, aún no han sido utilizadas. Fuentes del alto tribunal consideran que son innecesarias, al menos de momento, como entienden que demuestra el hecho de que la Abogacía del Estado no haya solicitado su aplicación en ninguno de la decena de recursos o incidentes de ejecución de sentencia que ha ido planteando contra resoluciones del Parlament.

Hasta ahora el Constitucional ha optado por la prudencia y por limitarse a acudir a una medida prevista entre sus competencias desde su creación: la deducción de testimonio, para que la Fiscalía determine si se ha podido cometer delito o no y presentar, en su caso, las querellas correspondientes.

El pleno del alto tribunal ya lo ha decidido así en dos ocasiones: una contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir en julio la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a vías unilaterales, y una segunda, contra ella y los cuatro miembros de la Mesa de la Cámara que dieron luz verde el 6 de octubre al referéndum unilateral.

Ambas decisiones se adoptaron por unanimidad, lo que probablemente no se habría producido si se hubieran intentado aplicar las nuevas armas: la suspensión cautelar de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones y la ejecución por otra Administración. Estas dos medidas fueron avaladas por el pleno del tribunal, pero por ocho votos a tres. Los tres magistrados discrepantes las consideraron inconstitucionales.

En cualquier caso, ambas posibilidades están ahí, para su utilización cuando se entienda necesario. De momento, las fuentes consultadas no creen que lo sean y consideran tan exagerado recurrir a ellas frente a los pasos dados hasta ahora por el Parlament como usar “un arma nuclear en un incidente fronterizo”. -- ÁNGELES VÁZQUEZ

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