INVESTIGACIÓN EN MARCHA

Operación policial contra Convergència por el 3%

RAFAEL TAPOUNET / BARCELONA

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Pocas frases habrán tenido un eco tan persistente en la política catalana de los últimos 35 años como aquella que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall pronunció el 24 de febrero del 2005 en el Parlament dirigiéndose a la bancada de CiU: "Ustedes tienen un problema. Y ese problema se llama 3%". La alusión al presunto cobro, por parte de Convergència, de un porcentaje del presupuesto de las obras adjudicadas por el Govern en la época de Jordi Pujol provocó un terremoto y acabó con la retractación de Maragall, necesitado del apoyo de los convergentes liderados por Artur Mas para sacar adelante la reforma del Estatut. Pero el fantasma del 3% se negó a abandonar la habitación. Reapareció cuatro años después, con el estallido del 'caso Palau' -cuando la investigación del saqueo del Palau de la Música destapó el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través de la institución cultural-, y volvió a asomar la cabeza ayer, a las puertas de una campaña electoral, la del 27-S, de trascendencia incuestionable.

Agentes de la Guardia Civil de Madrid, Barcelona y Tarragona y representantes de la Fiscalía Anticorrupción registraron las sedes de CDC y de la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), vinculada al partido que preside Artur Mas, así como los ayuntamientos de Sant Cugat, Figueres, Lloret de Mar y Sant Celoni y el domicilio del extesorero de Convergència Daniel Osàcar. La operación forma parte de una investigación sobre el supuesto pago de comisiones ilegales del 3% de la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca -apellido estrechamente ligado a CDC y a Jordi Pujol-, al partido nacionalista.

Los registros se engloban en la segunda fase de la llamada Operación Petrum, que se inició hace más de un año con las investigaciones contra Daniel Masagué, alcalde convergente de Torredembarra (Tarragonès), que fue acusado de haber recibido 1,43 millones de euros de siete empresas controladas por la familia Sumarroca a cambio de contratos de obras públicas, como la construcción de un aparcamiento y la gestión del alcantarillado. En el curso de esa investigación, el pasado 23 de julio fueron detenidos el alcalde Masagué, el exconsejero delegado de Teyco Jordi Sumarroca -hijo de uno de los fundadores de CDC- y dos familiares de este.

APUNTES QUE VINCULAN PAGOS Y CONTRATOS

En los registros que se practicaron entonces en la sede de Teyco y en el domicilio particular de Jordi Sumarroca -quien, tras pasar 19 días en prisión, quedó en libertad bajo una fianza de 600.000 euros-, los investigadores encontraron, en una caja fuerte, una serie de apuntes contables manuscritos que, según fuentes de la investigación, vinculan contratos públicos con aportaciones a la fundación convergente por unos importes que coinciden con el 3% del total de las obras. El diario 'El país' afirma que la mayoría de los pagos son de 2009, aunque también los hay de años posteriores. En algunos casos, a renglón seguido aparecen cantidades pagadas a la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem); la última, de 50.000 euros, "en marzo de 2014", según este mismo medio.50.000 euros, "en marzo de 2014", 

El juzgado número 1 de El Vendrell, que instruye la causa de presunta corrupción en Torredembarra, fue el que ordenó la operación policial, que se inició con los registros en la sede de CatDem y en los consistorios de Sant Celoni -municipio gobernado por CiU entre el 2007 y el 2011 en el que la investigación se centró en el expediente de la construcción de una escuela para adultos realizada por Teyco en el 2009, informa Helena Lòpez-, Lloret de Mar -donde se requisó el expediente de un contrato de 1,7 millones adjudicado a Teyco en el 2009, durante el mandato de Xavier Crespo-, Figueres -donde la Guardia Civil se llevó documentación relativa a las obras de una piscina cubierta por parte de Teyco por valor de 1,7 millones, también en el 2009, cuando era alcalde el hoy conseller Santi Vila-, y Sant Cugat del Vallès, donde fueron incautados documentos relativos a una promoción de vivienda pública en el barrio de Volpelleres que fue adjudicada a Teyco en el 2008 en segunda instancia, tras la quiebra de la empresa que había sido seleccionada en una primera licitación, informa Albert Segura.

Hacia las seis de la tarde dio comienzo el resgistro del despacho de Andreu Viloca, administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, en la sede que el el partido tiene en la calle de Còrsega de Barcelona, que se prolongó durante casi cinco horas. Paralelamente, y al cabo de casi 10 horas de trabajos, la Guardia Civil dio por concluido el registro en la vivienda de Daniel Osàcar, de la que se llevó una caja y algunas bolsas con documentos.

La constructora Teyco negó en un comunicado haber pagado comisiones a CDC a cambio de contratos de obra pública con la Generalitat y aseguró que ninguna de las aportaciones que ha hecho a fundaciones de partidos ha tenido "fines ilícitos".