El PSOE pedirá una comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña'

La 'operación Cataluña', una trama policial diseñada para desacreditar a políticos independentistas, va camino de ser objeto de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. PSOE, Podemos, ERC y Convergència se han propuesto aclarar si diferentes cargos del Ministerio del Interior han vulnerado principios básicos del Estado de derecho. El grupo socialista ha confirmado a EL PERIÓDICO que la primera iniciativa que registrará una vez arranque la legislatura, a partir del 19 de julio, será la petición de esta comisión y añadió que confía en contar con el apoyo del resto de grupos de la actual oposición para que comience a trabajar de inmediato con un periodo de tres meses para presentar conclusiones. Su objetivo es que por la comisión desfilen desde el todavía ministro Jorge Fernández Díaz a altos cargos de Interior así como los comisarios a los que se vincula con la unidad policial secreta destinada a combatir el independentismo y cuya existencia el Gobierno siempre ha negado. Además, se estudiará la posibilidad de reclamar la comparecencia de otros miembros del Ejecutivo.

Está por ver qué votará el PNV mientras que Ciudadanos solicitará antes la comparecencia de Fernández Díaz y una vez le haya escuchado decidirá si se suma a la petición del PSOE. "Lo normal es que primero comparezca y si no son satisfactorias las explicaciones se pida la comisión de investigación", argumenta el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

El 'Fernándezgate' desata una cadena de querellas judiciales

Las grabaciones en las que se constata cómo Fernández Díaz conspira con el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso, para buscar pruebas que incriminasen a dirigentes como Oriol Junqueras o Xavier Trias, fueron la primera prueba fehaciente de que el Gobierno central ha intentado utilizar de manera como mínimo indebida instrumentos del Estado como la fiscalía para frenar un proceso de carácter político. Si se acaba impulsando la comisión parlamentaria esas conversaciones también serán motivo de investigación. “En democracia no se trata de vencer, se trata de convencer”, explica el jefe de filas de Convergència en Madrid, Francesc Homs, quien acusa al Gobierno del PP de practicar el “todo vale”.

LA VÍA JUDICIAL

CDC está ultimando la querella judicial que presentará contra Fernández Díaz y en la que se argumentará que el Ejecutivo central ha vulnerado derechos civiles. Esquerra, que también ha llevado al ministro a los tribunales, insiste en que la actuación del titular de Interior no puede quedar sin esclarecer. Para el diputado Joan Tardà se trata de una cuestión de “radicalidad democràtica”. Es el argumento esgrimido por Xavier Domènech (En Comú Podem) quien destaca que la respuesta que ha dado hasta ahora el ministro no es de recibo y recuerda que la sospecha generalizada es que en este caso se entremezcla también una batalla entre mandos policiales.

Cabe recordar que Fernández Díaz negó la existencia de la unidad secreta dedicada a intentar incriminar políticos catalanes y respecto a sus conversaciones con De Alfonso ha optado por defenderse atacando, esto es, cuestionando que se le hubiese grabado y no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento por el contenido y se ha presentado como una víctima. Las conversaciones aparecieron filtradas en el diario ‘Público’ en plena campaña electoral. Mariano Rajoy optó por no darle importancia y viendo el resultado obtenido por el PP en Catalunya, donde el 26-J logró ganar un diputado, no fue el único que no se escandalizó.

NUEVAS SOSPECHAS

La declaración de este miércoles del comisario José Villarejo ante el juez ha desatado de nuevo las sospechas sobre la guerra sucia contra el proceso independentista. Una fuente presente aseguró que este mando policial, al que se acusa de ser uno de los impulsores del grupo policial secreto, citó la ‘operación Cataluña’. Según esta misma versión, el comisario habría reconocido que trabajó intensamente con el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas (con quien ahora está enfrentado) en temas relacionados con Catalunya al menos hasta el 2012, justo cuando empezaron a publicarse, coincidiendo con la campaña autonómica, los primeros informes apócrifos referentes a políticos independentistas. El abogado de Villarejo aseguró este jueves que las referencias que su cliente hizo a Catalunya no tenían “intencionalidad política”.