LA GESTIÓN DE LA PAZ

¿Ofensa o reconciliación?

El Congreso revisará el permiso concedido a un acto con etarras y víctimas del terrorismo

Las presidentas de las asociaciones de víctimas, en el Congreso.

Las presidentas de las asociaciones de víctimas, en el Congreso.

PATRICIA MARTÍN / MADRID

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Con el objetivo de favorecer «la reconciliación y superar las desconfianzas, los desconocimientos y los miedos» que aún persisten tras el cese definitivo de la violencia etarra, CiU, el PNV, la Izquierda Plural y el grupo mixto han promovido la celebración en el Congreso de un encuentro en el que participarán exterroristas de ETA, víctimas de los GAL y de la organización vasca.

La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa supuso el final de las incipientes reuniones entre víctimas y victimarios arrepentidos, pero eso no ha desalentado a los nacionalistas y a la izquierda a la hora de apoyar a la parroquia de San Carlos Borromeo en su pretensión de llevar hasta la Cámara baja la segunda edición de las jornadas 'A favor de la paz y la convivencia en Euskal Herria'. La primera sesión, celebrada en la llamada 'iglesia roja' de Madrid, se realizó con discreción, por miedo a que se frustrara la cita, pero en esta ocasión sus organizadores han querido amplificar su difusión.

Tanto es así que a tres semanas de la celebración del encuentro, previsto para el 29 de mayo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, se ha visto forzado a pedir a los servicios jurídicos un informe sobre si debe autorizar la utilización de las dependencias parlamentarias para esa cita.

En un principio, la Mesa de la Cámara baja permitió por unanimidad la cesión de la sala Ernest Lluch para albergar un encuentro al que está invitada la hija del exministro socialista asesinado por ETA, Rosa Lluch, pero también el expreso etarra Josean Fernández Hernando o Axun Lasa, hermana de un asesinado por los GAL. La Mesa aplicó el criterio de ceder dependencias a cualquier grupo parlamentario que lo solicite.

Sin embargo, cuando el permiso llegó a oídos del portavoz del PP en la Cámara, Rafael Hernando, este envió una carta a Posada para quejarse, al igual que las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, que consideraron «espeluznante» que el Congreso permita un acto que «se encuadra en la estrategia de reescribir la historia de ETA como un enfrentamiento entre dos bandos que deben reconciliarse».

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha sumado este miércoles a esta tesis, considerando que el Congreso «no es la sede adecuada para dar altavoz» a algunas personas, en referencia al etarra invitado. El PP sostiene que Fernández Hernando justificó en las jornadas del año pasado la matanza de Hipercor en un discurso «despreciable». Pero también manifestó, como recogen las crónicas del día, que su «arma» ahora es la «palabra».

Elorza apoya el acto

Para desencallar la situación, los populares piden a los grupos proponentes que retiren su petición, mientras que el PSOE -cuyo diputado y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, apoya de forma individual el acto- fue el que propuso a Posada que encargase el informe para tener una base jurídica sobre la que tomar una decisión. Es previsible, por tanto, que los letrados analicen con lupa el primer encuentro en el que víctimas de uno y otro lado expusieron que sus «lágrimas son las mismas», así como el reglamento y los precedentes para emitir un dictamen que sirva para cerrar la puerta a un acto que ofende a algunas víctimas, según el PP, o que es de reconciliación, según sus promotores.