La Guardia Civil golpea de nuevo a la presunta trama de financiación ilegal de CDC

La Guardia Civil ha desplegado este jueves desde primera hora de la mañana otra operación contra la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con 18 detenidos. Más de 150 agentes han llevado a cabo una veintena de registros en domicilios, despachos y empresas públicas para seguir el rastro de supuestos pagos de comisiones por la adjudicación de contratos amañados de obra pública.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, se están investigando diversos delitos, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre los detenidos están <strong>Andreu Viloca,</strong> <strong>extesorero de CDC,</strong> que ya había sido detenido en una fase anterior de la investigación, y Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa. Amigo de la infancia de <strong>Jordi Pujol júnior</strong>, también se vio salpicado por la trama del 3% en la operación Petrum en octubre del 2015. 

"Andreu Viloca es quien controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Fòrum Barcelona”, sostiene la fiscalía. Una vez más le apunta como el eje de la trama del 3%. "Durante el desarrollo de la investigación ha quedado acreditado que Andreu Viloca, siendo administrador y tesorero de la entonces "CDC" (antes "CiU") y de la "Fundació CatDem", llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de "CDC". Se constató cómo dichas empresas efectuaban la oportuna donación a "CatDem", tanto en proximidad a la publicación de las licitaciones como inmediatamente posteriores a la adjudicación.

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Entre los proyectos urbanísticos bajo sospecha están la reforma de la plaza de Glòries, obras en el puerto de Barcelona como la ampliación del dique Este o el nuevo carril-bici del barrio del Carmel. También se están investigando obras en la estación de Sabadell, la prolongación de la línea de Ferrocarrils de la Generalitat en esta localidad, el Mirador de les Aigües en la carretera de Horta-Cerdanyola, la reurbanización de las calles de Lucà y Mare de Deu del Carmen y de la avenida del Paral.lel en Barcelona, las obras en el Institut de Luis de Peguera en Manresa, así como el mantenimiento de edificios escolares en la capital catalana.

Además de Viloca, han sido detenidos el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; los exdirigentes de CDC Antoni Vives, exteniente de alcalde de Habitat Urbano de Barcelona durante el mandato del alcalde Xavier Trias (CiU),  y Francesc Sanchez, asesor jurídico y de comunicación de CDC. También el actual director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrrallonga, y el director general y el responsable de infraestructuras de BIMSA, Ángel Sánchez y Ernest Santolaria, respectivamente. Todos ellos han sido arrestados por su posible implicación en esta trama que -presuntamente- canalizaba el dinero de las 'mordidas' de empresas constructoras a través de donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC CatDem (antigua Trias Fargas) y Fòrum Barcelona, y hasta las arcas de Convergència.

LA TRAMA DEL 3%

La mayoría de los detenidos han quedado en libertad tras el registro de sus domicilios u oficinas. Siete de ellos, no obstante, dormirán este jueves en el calabozo. Se trata de Vives, de Viloca, de Tauler, de Sànchez, del empresario Fèlix Pasquina, de Josep Antoni Rossell (exdirector de Infraestructures.cat) y de Josep Manel Bassols (delegado de Oproler Catalunya), informa Esther Celma. El Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del 2008 de la contabilidad de CDC aseguraba que el partido no había podido acreditar la procedencia de 1,8 millones de euros provientes de ambas fundaciones.

El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) dirige unas pesquisas impulsadas por los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda. Se trata de un nuevo capítulo de la investigación del caso del 3 %. En este se han practicado 15 detenciones, la mayoría de responsables a cargo de tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat cuando estaban gobernadas por CiU.

En concreto, los registros se están practicando en las empresas Infraestructuras.cat, la principal responsable de la contratación de obra pública de la Generalitat, el Consordi d'Ensenyament, la Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona de Infraestructuras Municipales SA). El proyecto para construir el túnel para soterrar la Gran Via en la plaza de Glòries de Barcelona se adjudicó durante la etapa de gobierno de Xavier Trias (CiU), cuando el exconcejal Antoni Vives era el responsable de BIMSA. Estas obras fueron adjudicaras a una unión temporal de empresas integrada por las empresas Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa.

Precisamente, en la operación también se están registrando las dependencias de la constructora Comsa, a quien el Puerto de Barcelona también ha encargado varias obras de ampliación de esta infraestructura portuaria, como el muelle sur, con un presupuesto de 4,2 millones de euros.

DESVÍO DE DINERO

El juez indaga si las empresas públicas adjudicaban obras a constructoras o a la UTE que, a cambio, pagaban comisiones del 3 % a las fundaciones FORUM o CatDem, vinculadas a CDC (hoy PDECat), partido al que se acababa desviando el dinero.

Además de  Cambra y de los dos excargos de CDC -Vives y Sánchez- en la operación han sido detenidos mientras duraba la entrada y revgistro José M., responsable de Comsa-Emte, José M.Z. y Pedro L., de la constructora Oproler.

La entradas y registros policiales se han extendido a las localidades a viviendas particulares y empresas de Sant Boi, L'Hospitalet de Llobregat; Majadahonda (Madrid), El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Lleida, Girona, Berga,Madrid y Barcelona.

La operación de hoy es una nueva fase de la investigación en la que la Guardia Civil registró, en noviembre de 2015, la sede de CDC y detuvo al tesorero del partido Andreu Viloca, al director de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell, y a varios empresarios, entre ellos el consejero delegado de Copisa, por sospechas de pagos de comisiones del 3 % a la formación nacionalista.