El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, condenó ayer a España por no haber investigado «suficientemente» la denuncia de torturas presentada por el exdirector del diario aberzale Egunkaria Martxelo Otamendi tras ser detenido en el 2003 por su presunta relación con ETA. Los jueces han ordenado al Gobierno que pague 24.000 euros al periodista por daños morales y por los gastos generados por su demanda.

Martxelo Otamendi.

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Información publicada en la página 23 de la sección de Política de la edición impresa del día 17 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Tras permanecer cinco días incomunicado en las dependencias de la Guardia Civil, Otamendi denunció ante el juez Juan del Olmo que había sido torturado. Según declaró, no le dejaron dormir, le obligaron a realizar flexiones, le desnudaron y golpearon en los genitales y le aplicaron el procedimiento conocido como la bolsa, que consiste en provocar una sensación de asfixia.

El magistrado de la Audiencia Nacional no hizo caso de estas acusaciones y se fió del informe del forense que visitó al informador en cuatro ocasiones en el cuartel de la Guardia Civil. En sus informes, el facultativo recogió la denuncia de Otamendi, pero no avaló sus manifestaciones con un diagnóstico clínico.

BAJO SECRETO / El exdirector de Egunkaria pidió a Del Olmo que remitiera su denuncia a los juzgados ordinarios de Madrid, pero el togado se negó al alegar que la causa estaba bajo secreto de sumario. Por ello, el periodista acudió personalmente a estos juzgados, aunque la jueza de Madrid archivó la causa un año más tarde sin oír su testimonio ni practicar ninguna de las diligencias que le solicitó. La Audiencia de Madrid confirmó el archivo de este proceso y el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de Otamendi contra esta decisión en marzo del 2008.

El tribunal de Estrasburgo da ahora la razón a Otamendi porque sostiene que su denuncia era «defendible» y, por tanto, el Estado tenía la obligación de investigarla «para identificar y castigar a los culpables». Los jueces afirman que si no se persiguen estos hechos, en «determinados casos, los agentes» pueden pensar que gozan de impunidad.

Además, el TEDH acusa a Del Olmo de haberse mostrado «pasivo» ante la denuncia y a la jueza de Madrid de no haber perseguido este delito, ya que si hubiera practicado las pruebas que le propuso el periodista «podría haber esclarecido» mejor los hechos. Asimismo, considera que las personas detenidas y que son incomunicadas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por ello, recomienda a los jueces que adopten «las medidas apropiadas» para evitar que se cometan abusos.

La sentencia no es firme, por lo que el Gobierno puede recurrirla. La Audiencia absolvió al periodista en el 2010 porque no había datos que acreditaran su relación con ETA.