La Audiencia Nacional ha comenzado ya a preparar su traslado a varios edificios cercanos para iniciar su reforma, que empezará el próximo octubre. Justicia tiene previsto gastar casi 14 millones de euros en la rehabilitación, aunque los jueces de instrucción elevan esta cantidad hasta los 40 millones. Los primeros en abandonar la sede actual serán los fiscales. Después, les seguirán los jueces, que han intentado hasta el último minuto paralizar la reforma, pero que han recibido la callada por respuesta.

Reformas 8 Una imagen de la actual sede de la Audiencia Nacional, en la madrileña calle Génova. DAVID CASTRO

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Información publicada en la página 16 de la sección de Política de la edición impresa del día 16 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Los 20 fiscales de la Audiencia Nacional ya han metido en cajas sus enseres y estos días conocen su nuevo destino provisional. Un grupo de ellos se trasladará al edificio de la calle Prim, a unos 500 metros de la actual sede, donde se instalarán los jueces de instrucción y de la sala penal, y otros irán a edificios que la fiscalía dispone en Madrid. Su fecha límite para abandonar la calle Génova es el 3 de septiembre.

Después, les llegará el turno a los seis jueces de instrucción que tendrán que abandonar sus despachos a mediados de septiembre. Estos magistrados se han opuesto a esta reforma y han pedido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que «acometan unas mínimas obras» para mejorar el actual edificio antes de gastarse 40 millones de euros en la rehabilitación.

Además, los jueces denuncian que su traslado a un edificio de la calle Prim, que hasta ahora ocupaban sus colegas de lo contencioso, va a provocar «un grave perjuicio a la administración de justicia». Y es que, en su opinión, «no van a poder llevar a cabo adecuadamente sus labores propias» porque en la sede provisional sus despachos son pequeños y no podrán tomar declaración a los detenidos ante la falta de espacio. También denuncian que en su nueva ubicación solo contarán con tres calabozos, cuando la media de detenidos en cada guardia supera la treintena.

La promesa

Asimismo, estos magistrados se han juramentado para no trasladarse hasta un edifico ubicado en San Fernando de Henares, a 30 kilómetros de Madrid, para interrogar a los presos porque «el transporte público es inexistente». El Ministerio del Interior les retiró los escoltas y el coche oficial a finales de junio y ahora utilizan sus vehículos particulares para acudir al trabajo. No obstante, los de la sala penal no podrán evitar desplazarse a San Fernando porque allí se celebrarán los juicios mientras dure la reforma.

Algunos usuarios de esta sede temen que la reforma comporte el cierre de este emblemático edificio. Varios sospechan que la obra se prolongará sine die por falta de presupuesto y que durante este tiempo se constatará que el que fuera buque insignia de la justicia española ha perdido su razón de ser con el cese definitivo de ETA.