Otro paso adelante de la ley de consultas

La Mesa del Parlament ha admitido a trámite este martes la proposición de ley de consultas no refrendarias. Este borrador, que fue firmado el 19 de marzo por <strong>CiU</strong>, <strong>ERC</strong>, <strong>PSC</strong>, <strong>ICV-EUiA</strong> y la <strong>CUP</strong>, es la base legal con la que el Govern de Artur Mas quiere preguntar a los catalanes si apoyan la independencia de Catalunya. El próximo trámite que debe seguir el texto pasa por la junta de portavoces.

Este órgano de la Cámara catalana abrirá el martes que viene el plazo de 10 días para que los grupos puedan presentar enmiendas a la totalidad, algo que ya han anunciado tanto el PPC como Ciutadans. En otra reunión, fijará el pleno en el que se haga el primer debate sobre la propuesta. Dado que se pueden solicitar prórrogas y, al contrario, la aceleración de los trámites por la vía de urgencia, el debate de la totalidad no se celebrará hasta finales de abril o principios de mayo, como mínimo.

Una vez superado el primer debate sobre la ley de consultas, en el que no habrá cuórum, la proposición se trasladará a la comisión de Asuntos Institucionales. En esta, los grupos deberán acordar si se solicita la comparecencia de expertos y podrán presentar enmiendas al texto. Finalmente, el documento volverá a someterse a debate en otro pleno. El Govern de CiU confía en que este se celebre antes del verano y que en él se apruebe una ley que pretende utilizar para celebrar la consulta sobre la independencia de Catalunya.

Aviso de los socialistas

Tanto ERC como ICV-EUiA defienden en esta cuestión una línea muy parecida a la del Ejecutivo de Mas. Sin embargo, el PSC, pese a que firmó la proposición a mediados de marzo, ya ha advertido de que no aceptará que la futura ley sirva para avalar la celebración de una consulta sin el permiso del Gobierno central. En su opinión, esa normativa no es válida para preguntar a los ciudadanos sobre el futuro político de Catalunya.

La proposición consta de una treintena de artículos y regula el régimen jurídico y el procedimiento de las consultas populares. Basada en un texto que se empezó a trabajar la legislatura pasada, permite el voto a partir de los 16 años en este tipo de convocatorias. Además, y respecto de anteriores textos, no se otorgará al presidente de la Generalitat el derecho de veto cuando la consulta sea convocada a través de una inciativa ciudadana.