Maza hace una defensa a ultranza del fiscal jefe Anticorrupción, pese a las escuchas del 'caso Lezo'

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, optó este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso por realizar una defensa a ultranza del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, recordando las iniciativas adoptadas por la Fiscalía especial contra el PP, como la querella presentada contra el bufete de abogados que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o el propio 'caso Lezo', en cuyas escuchas se oye al principal imputado, el expresidente madrileño Ignacio González, felicitarse por la futura designación de Moix por su afinidad al PP. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, restó importancia a lo ocurrido en la Fiscalía desde que estalló ese escándalo y lo definió como "humo que acabará desvaneciéndose".

Así aseguró que comparte "con él su visión de hacia dónde debería dirigirse la fiscalía". "Me siento satisfecho por la designación, al ver su valentía y firmeza en el desempeño del cargo", aseguró el fiscal general del Estado. Sus palabras no fueron compartidas por la mayoría de los portavoces parlamentarios que exigieron la dimisión de Moix por entender que ha entorpecido investigaciones fiscales, pero el fiscal general sostuvo que considera que ceder a esa pretensión significaría que él es "absolutamente incoherente o un perfecto cobarde".

Maza deja en suspenso el relevo de los fiscales del 'caso 3%'

Según el fiscal general, las informaciones muy críticas con la actuación de Anticorrupción desde que Moix fue designado son "un problema estructural", en el que "se confunde por algunos el control de la legalidad de la fiscalía con la injerencia constante a quien tiene alguna responsabilidad", se impide a los responsables del ministerio público hacer su trabajo, por lo que pidió el "sosiego" que en su opinión necesita la Fiscalía especial. A continuación pidió a los diputados que le escuchaban "herramientas" para luchar contra las "filtraciones", que sostiene que no contribuyen a informar a los ciudadanos, sino que ayudan "a los investigados", porque son "interesadas", al ser parciales.

Con ese mismo argumento, mantuvo que las grabaciones en las que Ignacio González se felicitaba con Eduardo Zaplana de la futura designación de Moix no eran suficientes para no nombrarle, porque sólo lo hacían por conocerle por motivos profesionales por haber sido fiscal superior de Madrid. Además, dejó caer que, como se conocen parte de esas grabaciones, podría haberse mencionado también a otros candidatos. "¿Creen que si yo hubiera entendido que fueran otra cosa, creen ustedes que me hubiera arriesgado a nombrarle? Hubiéramos buscado otra salida", aseguró el fiscal general, que admitió que la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, le informó de la existencia de la conversación y que luego, cuando la Unión Progresista de Fiscales, mostró sorpresa porque ellos también la conocían pese a estar secreta.

'CASO DEL 3%'

Según Maza, se pone el foco en cuestiones técnicas, como la crítica con la que fue recibida el relevo de los fiscales encargados del 'caso del 3%' por decisión del propio Moix. El fiscal general criticó las informaciones en las que se daba cuenta del cambio, porque "el cese de los fiscales no es en absoluto cierto", aseguró amparándose en que cuando el asunto fue revisado por el Consejo Fiscal, decidió solicitar más datos antes de avalarlo o revocarlo.

Sostiene que sea cual sea su decisión "la condena ha sido impuesta anticipadamente" y si termina entendiendo necesario el cambio por racionalizar los efectivos de trabajo de la Fiscalía será "malo, porque supondrá que se paraliza la investigación" y si se hace caso a los actuales fiscales del caso, que no quieren dejarlo, "también malo, porque supondría desautorizar" al jefe que él mismo nombró.

El fiscal general se negó a pronunciarse de otros asuntos relacionados con Catalunya, como el anuncio de la interposición de una querella por la compra de urnas, al entender que quedaba fuera del debate.

ALARMAS INNECESARIAS

Por su parte, el ministro de Justicia destacó las reformas procesales realizadas para mejorar el día de los fiscales y sólo dedicó una pequeña parte de su intervención a lo ocurrido en la Fiscalía en relación con el 'caso Lezo', lo que le fue reprochado por el diputado de C's José Ignacio Prendes. En este sentido se preguntó que "¿a quién le interesa este juego de confusiones o alarmas innecesarias que producen el desprestigio de las instituciones?", para acabar anunciando "que el humo por muy tóxico que sea, siempre termina desvaneciéndose y deja ver la realidad".

Tras asegurar la autonomía fiscal y la imposibilidad de que reciba instrucciones del Gobierno, sostuvo que en el 'caso Lezo' nunca "se impuso el criterio del fiscal jefe" y se practicaron todos los registros, incluso el que él proponía realizar en unas diligencias independientes, por lo que no hubo "obstrucción" alguna. Y en cuando a la posibilidad de que uno de los fiscales del caso fuera apartado ofreció una nueva versión sobre lo ocurrido.

Según el ministro, fue el fiscal Carlos Yáñez quien pidió volver a su destino en Granada y unos días después le dijo a su jefe que lo había pensado mejor y este solicitó una renovación de la comisión de servicios por la que trabaja en Madrid. En realidad, la comisión de servicios se hizo bastante antes de que surgiera el enfrentamiento entre ambos que culminó en la convocatoria de la junta de fiscales de Anticorrupción, que respaldó el criterio de Yáñez y su compañera Carmen García Cedrá.

El ministro acabó su intervención burlándose de las afirmaciones que habían hecho algunos de los portavoces. "¿Ahora todos saben por qué dimitió (Eduardo) Torres Dulce (al frente de la Fiscalía General)? ¿Y saben que es por el referéndum del 9N?. Mire, yo he hablado con él y nunca me lo ha dicho", aseguró. En cuanto a la no renovación de su sucesora, Consuelo Madrigal, por negarse a cambiar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, como aseguran fuentes fiscales, el ministro sostuvo que él es "su amigo" y negó que ese sea el criterio para designar a un fiscal general u a otro.