Mas llevará a los tribunales el "abuso de poder" de Rajoy

Fuego legal cruzado. Cinco horas después de que el Gobierno central confirmara su intención de frenar también el proceso participativo del 9-N y acusara personalmente a Artur Mas de actuar de forma irresponsable, dejando a servidores públicos a la intemperie, el propio president compareció para mantener de momento el pulso y anunciar acciones legales contra el Ejecutivo del PP por «abuso de poder y de derecho». Mas replicó acusando al Gobierno del PP de practicar una democracia «de baja intensidad». E invitó a la ciudadanía catalana a «participar el día 9 dando una gran lección de democracia y civismo».

A una semana de la cita con las urnas, el choque legal e institucional no puede ser más contundente. Ambos gobiernos apelan a la democracia para defender tesis absolutamente opuestas. La vicepresidenta del Ejecutivo del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó defender los derechos de los catalanes y en especial de los funcionarios y argumentó que el sucedáneo de la consulta vulnera todavía más las garantías democráticas. El dardo fue directamente contra Mas, por no asumir personalmente «con su firma» la responsabilidad respecto a los servidores públicos o los centros escolares.

En su respuesta, el president no fue menos duro. Anunció, sin precisarlas, «acciones legales» contra la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de «abuso de poder y de derecho» y de «hacer el ridículo», así como de actuar de forma «hipócrita» por denunciar que la convocatoria del 9-N carece de garantías. «Es como si te rompen la pierna y después te reprochan que estás cojo», describió.

EL OPERATIVO, CASI LISTO / La comparecencia del líder de CiU en el Palau de la Generalitat, en presencia del conseller de Presidència, Francesc Homs, y los máximos responsables políticos de Palau, sirvió fundamentalmente para plantar cara. Mas desafió al Estado al afirmar que el operativo del 9-N está prácticamente listo y será difícil que se pueda suspender la iniciativa. «La voluntad es total. ¿Qué puede pasar la semana que viene? ¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno? Lo ignoramos», afirmó.

Mas trató de desmontar las bases de la impugnación: afirmó que no hay funcionarios sino voluntarios organizando el 9-N; aseguró que no existe una base legal específica sino normas genéricas de participación, e incluso dijo que la pregunta de las papeletas es la misma que en la consulta pero que los ciudadanos podrían escribir en ella una respuesta diferente. «Y, como opinión, la tendremos que aceptar», apuntó.

EL PACTO POR EL DERECHO A DECIDIR/ La batalla se parece a esas partidas de tenis de mesa en la que los contendientes están tan escorados que casi juegan en el terreno del adversario. El Govern, inicialmente interesado en dar base legal a todo el proceso, trata de demostrar que el sucedáneo no es ni un referéndum ni una consulta. El Ejecutivo de Rajoy subraya que sí es trascendente lo que la Generalitat planea (aunque en los primeros días varios dirigentes del PP equipararon el proceso con una simple macroencuesta).

Mas en todo momento eludió describir su posible plan c. Evitó hablar de marcha atrás o de elecciones. Y simplemente anunció que toda decisión se tomará en el seno del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que agrupa a instituciones, partidos y entidades y organizaciones sociales. Y dejó la puerta abierta a algo de lo que no quieren ni oír hablar ni ERC ni la CUP: un nuevo cambio de planes: «Cualquier alteración sobre el guion previsto o cualquier decisión la hemos de tomar en el marco de este amplio pacto nacional». Confirmó que habrá recogida de firmas en una denuncia contra el Gobierno ante instituciones internacionales, pero no quiso situar esta iniciativa como una alternativa sino como una acción «complementaria».

Y de elecciones Mas no quiso ni hablar ayer. Se trataba de fijar la batalla en el momento presente. El dirigente nacionalista atribuyó la actuación del Gobierno popular a los casos de corrupción vinculados al PP que han aflorado en los últimos días y a una posible alta participación ciudadana el día 9, así como a que los partidos sobranistas, a su juicio, han recuperado la unidad.

VÍDEOS  Y CORREOS ELECTRÓNICOS / El Gobierno registró ayer al mediodía el recurso en el Constitucional, que lo estudiará el próximo martes. El Ejecutivo basa su recurso en la creación de la web participa2014.cat. Argumenta que con ella la Generalitat ha dotado a la consulta «de la publicidad equivalente y propia» que habría tenido si Mas hubiera aprobado un decreto de convocatoria, puesto que este debería haberse publicado en el Diari Oficial de la Generalitat que «no es -se lee en el informe- sino otra página web».

El documento tiene 49 páginas, a las que ha sumado numerosa documentación en papel y en soporte informático. Desde el informe del Consejo de Estado, que aconseja la impugnación, hasta los vídeos de ruedas de prensa ofrecidas por Mas y la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y los correos electrónicos enviados a ayuntamientos para que cedan el uso de sus locales.