Hasta hace muy poco tiempo, el Gobierno de Artur Mas actuaba con un gran tacto respecto al Ejecutivo del PP. El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, mostraba su confianza en que los populares serían cumplidores respecto a las deudas del Estado con Catalunya. El president fue de los primeros en visitar la Moncloa para mostrarle a Mariano Rajoy su absoluta predisposición al diálogo. En el Palau de la Generalitat aducían que era una táctica para no dar excusas al PP para desatender la gran cuestión, el pacto fiscal. Pero a la vista del poco éxito obtenido con este estilo, el Govern de CiU decide hoy abrir la puerta al camino del conflicto. Una muestra de ello es la carta que Mas remitirá a Rajoy reclamándole homogeneizar los kilómetros de peaje en toda España.

Artur Mas, Mariano Rajoy y el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, el pasado jueves en el palacio de Pedralbes de Barcelona. EFE / ANDREU DALMAU

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Información publicada en la página 20 de la sección de Política de la edición impresa del día 08 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La misiva denuncia el agravio comparativo que sufre Catalunya respecto a otras comunidades, y acaba solicitando al Ejecutivo del PP al resto de las autonomías asuman una presión económica equivalente en las vías rápidas que hoy son gratuitas. La carta representa una muestra más de la incomodidad que ha generado al Govern la campaña de boicot a los peajes catalanes. Por un lado, reclama el cumplimiento de la legalidad. Por el otro, ha mostrado su simpatía por este gesto ciudadano.

HACIA EL CONSTITUCIONAL / Además, el Consell Executiu remitirá hoy al Consell de Garanties Estatutàries el reciente decreto ley del Ministerio de Educación con el que el Gobierno central pretende ahorrar 3.000 millones de euros. Según la Generalitat, la norma estatal invade competencias en cuanto al incremento de horas lectivas y la modificación del régimen de sustitución del profesorado. No es descartable que el Ejecutivo catalán decida hoy emprender otras vías de conflicto. El portavoz, Francesc Homs, se encargó el domingo de avanzar esta estrategia.

Un síntoma más de un cambio de rasante en CiU: el secretario general convergente, Oriol Pujol, animó a Mas a emprender «todas las medidas que crea necesarias» para responder a la «ofensiva recentralizadora constante». Y otra prueba de esta actitud la mostró ayer la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, al amenazar con presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales que plantea el ministerio homólogo, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

Pese a que la Generalitat ha implantado también nuevos gravámenes en este ámbito, la consellera se opone a que el Gobierno penalice a los ciudadanos que recurran una sentencia con aumentos de tasas que llegan hasta los 700 euros. «No es lo más adecuado intentar que el ciudadano evite el uso de la segunda instancia cuando el 30% de las sentencias se revocan», afirmó Fernández Bozal en la conferencia sectorial presidida por el ministro en Madrid, informa Patricia Martín.

Toda esta estrategia de conflictividad coincide con los mensajes que ayer mismo siguió enviando el presidente del Gobierno respecto a las reivindicaciones de Catalunya. Rajoy afirmó públicamente que no está dispuesto a abordar en estos momentos la principal reivindicación de CiU: el pacto fiscal. En una entrevista en Onda Cero, el jefe del Ejecutivo central aseguró que la reforma del vigente modelo de financiación autonómica no está entre sus prioridades. Un mensaje que ya le había dejado caer al propio presidente de la Generalitat en la reunión que ambos mantuvieron el jueves en Barcelona, durante la cumbre del Banco Central Europeo (BCE).

EN SUSPENSIÓN DE PAGOS / «En este momento, la prioridad es la recuperación económica de España. No podemos hablar del reparto de la miseria. No se trata de eso, tenemos que hablar de cómo generar riqueza», afirmó Rajoy, que, sin embargo, tuvo palabras de elogio a los recortes aprobados por la Generalitat. «Lo están haciendo bien», añadió.

Fuentes populares explicaron que el encuentro entre ambos dirigentes antes de la cena del BCE se celebró a petición de la Generalitat y que Mas hizo su exposición sobre el pacto fiscal con un tono menos beligerante que el que utiliza en público. No puede, añaden esas fuentes. «Si Catalunya fuera una empresa, estaría en suspensión de pagos», apostillaron. Fuentes del Govern, tratando de aferrarse a la versión más favorable, apuntaron que en ese encuentro, Rajoy no se cerró definitivamente en banda a discutir el pacto fiscal.

Mientras el presidente del Gobierno posponía sine die cualquier debate en torno al pacto fiscal, la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, se vanagloriaba en diferentes medios de comunicación de haber influido en el partido a nivel estatal para que abandonara sus reticencias a negociar un modelo de financiación más favorable para Catalunya, informa Rafa Julve.

La jefa de los populares catalanes, que el jueves se reunirá con Mas para abordar, precisamente, esta cuestión, presumió de tener «voz propia» en su partido a nivel estatal y de contar con el visto bueno del presidente del Gobierno a su propuesta de impulsar una «fiscalidad singular» para Catalunya y una solidaridad limitada en el tiempo con el resto de autonomías. Por ahora, al menos, en la madrileña calle de Génova no parecen estar por la labor.