Más allá de la soberanía

El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, subió el martes a la tribuna del Congreso para solicitar a Mariano Rajoy que aceptase autorizar una consulta de autodeterminación en Catalunya. Menos de 24 horas después, ya en el Parlament, planteó a Artur Mas una consulta sobre el proyecto de Barcelona World porque los catalanes «deben poder decidir sobre todo aquello que afecta al país». La doctrina ecosocialista reza que si Catalunya es soberana para decidir su modelo político, también debe serlo para decidir su modelo económico y social. Una tesis que ahora Iniciativa quiere transformar en hechos liderando, de paso, la férrea oposición al macroproyecto de ocio que el Govern de CiU acaba de convertir en ley con el visto bueno del PSC.

Cuando esa norma vea la luz, la coalición tiene previsto promover la convocatoria de una consulta para que los catalanes avalen o rechacen el modelo que representa Barcelona World. Según aseguran fuentes ecosocialistas, el calendario de tramitación de la ley impediría celebrar el referendo antes de que el Parlament ratifique el texto, que acaba de ser admitido a trámite por la Mesa de la Cámara. No obstante, ICV-EUiA ya ha puesto en marcha la primera maniobra dilatoria: llevar el anteproyecto al Consell de Garanties Estatutàries para que verifique su adecuación al Estatut y a la Constitución. Esta petición paraliza un mes la tramitación de la ley. «Vamos en serio con este asunto», advierten en la cúpula.

El objetivo de la coalición no es tanto frenar la aprobación de la normativa (que tiene mayoría suficiente para ver la luz fruto del acuerdo CiU-PSC), sino poner al Govern en el brete de sacar adelante en los próximos años las infraestructuras del proyecto si se constata un amplio rechazo popular en la consulta. Claro que la mayoría parlamentaria necesaria para impulsar el referendo se antoja casi imposible tras el pacto sociovergente, por más que ERC estuviese, como está en esto, del mismo lado que los ecosocialistas.

Las dificultades

Otro obstáculo es, como sucede en el proceso soberanista, el marco legal. La ley de consultas vigente, elaborada por el tripartito, podría usarse porque ya caducó la suspensión del Constitucional, pero ese texto requiere la autorización del Estado. Y la famosa norma que está en tramitación parlamentaria puede tener una corta vida si, como es previsible, el Gobierno la impugna para frenar el referendo del 9-N. Fuentes de ICV aplican en este caso el mismo criterio que aduce Mas respecto a Mariano Rajoy: si hay voluntad política, los escollos legales pueden superarse.

Cuando comenzó a negociarse la ley de consultas, la coalición ya avisó de que esta norma no podía ser ad casum, es decir, hecha  solo para preguntar a los catalanes por la independencia. De hecho, en anteriores sesiones de control, Herrera ha retado a Mas someter a escrutinio popular, por ejemplo, su política económica, los recortes o las subidas de impuestos. Pero, de momento, los ecosocialistas no habían dado muestras de querer pasar de la teoría a la práctica. H