Más allá de la consulta

El lunes, el president, Artur Mas, dedicó 60 de los 75 minutos de su discurso a hablar de todo menos de la consulta para demostrar que hay vida más allá del soberanismo. El martes, el (mono)tema del 9-N proyectó una imagen de división entre CiU y ERC que ayer los socios parlamentarios quisieron relativizar con la aprobación de 38 resoluciones conjuntas de las que solo una versó sobre el plebiscito independentista. Las otras 37 abordan cuestiones económicas y sociales, con el objetivo de aliviar el impacto de los recortes. Sin embargo, como reconoció la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira, estas medidas, si llegan a implementarse -cosa demasiado poco habitual en este tipo de mociones-, serán «claramente insuficientes» para revertir los efectos de la crisis.

Convergentes y republicanos han formalizado por escrito su voluntad de que en los presupuestos del 2015 se incluya el compromiso anunciado de que los funcionarios vuelvan a cobrar 14 pagas y dejar sin efecto la reducción del 15% en la jornada y el sueldo de los interinos. Por lo refrendado ayer, en esas cuentas -sobre las que aún se ignora su fecha de presentación- habrá más recursos para la Formación Profesional (FP) y se quiere garantizar que el Servei d'Ocupació de Catalunya siga siendo público.

En defensa de la CCMA

Para que CiU y Esquerra pueda seguir exhibiendo su huella en la apuesta por las políticas sociales, otra de los resoluciones conjuntas establece que los próximos presupuestos prioricen el gasto social y el funcionamiento de los servicios públicos de bienestar, para lo que se comprometen a, como mínimo, mantener el gasto no financiero prevista en las cuentas que ambos aprobaron en el 2014.

Más genérico resulta el compromiso de impulsar «reformas legales» ante la exclusión social, la pobreza energética y «las consecuencias de la crisis en el ámbito de la vivienda», circunloquio con el que CiU y Esquerra se refieren a los desahucios. Otra moción que prosperó insta al Govern a mantener una interlocución con la Comisión Europea para defender al sector agrario catalán ante el veto ruso a la entrada de productos procedentes de la Unión Europea.

El otro flanco que Esquerra quiso blindar para jactarse de influencia en el Govern de Mas es la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). De hecho, los socios parlamentarios lograron el respaldo del PSC, ICV-EUiA y la CUP para impulsar una moción que insta al Ministerio de Hacienda a anular un acta que obliga a la CCMA a abonar 80,5 millones adicionales de liquidación del IVA. Los cinco partidos argumentan que dicha acta de la Agencia Tributaria «es fruto de un cambio súbito de criterio en la interpretación de una norma que se aplica con carácter retroactivo y sin estar avalada por ninguna ley», hecho que comporta «graves consecuencias para los medios públicos catalanes».

Pese a que las arcas de la Generalitat siguen tiritando, tal como reconoce Mas, entre la batería de propuestas que salieron adelante llama la atención el enésimo llamamiento al Govern para que abone las deudas pendientes con los ayuntamientos catalanes. CiU y Esquerra instan ahora al Ejecutivo a pagarlas, «prioritariamente», antes de final de año. Es decir, que no es seguro que suceda.

En medio de tanta votación también hubo tiempo para hacer repaso de los agravios de Gobierno central. El Parlament, a iniciativa de CiU y ERC, volvió a reclamar al Estado la reforma del sistema de financiación autonómica, la modificación de los objetivos de déficit fijados en la actualidad y el pago de las inversiones nunca cumplidas que establece el Estatut.