Mas acepta el debate específico sobre el 3% que exigía la oposición

Es una práctica habitual de los grupos mayoritarios que apoyan al Gobierno en parlamentos sin mayoría absoluta: si no puedes con tu adversario, únete a él. A media mañana de ayer se confirmó que Unió se unía al resto de partidos de la oposición en la demanda de que el president Artur Mas acepte un debate sobre el caso del 3% que afecta a Convergència. Ya antes, ERC había comunicado a sus coaligados de Junts pel Sí (esto es, CDC) su intención de votar a favor de la comparecencia, aunque retrasaba hacerlo público para tratar de convencer al partido de Mas de la conveniencia, a una semana de la campaña electoral, de dar explicaciones.  Así las cosas, y contra el criterio expresado apenas 24 horas antes, la portavoz del Govern anunció ayer la «plena disponibilidad» del líder convergente a ese debate.

En la práctica, cambiará poco el formato previsto para hoy en el Parlament: intervención de Mas y preguntas de la oposición. Pero lo que inicialmente era una sesión a petición del president para argumentar los motivos que le han llevado a avanzar las elecciones, y que por tanto se antojaba como un anticipo de debate (o mitin) electoral, tendrá un tiempo de intervención doble por parte de los grupos para dar cabida a un invitado inesperado: la investigación sobre el presunto cobro de comisiones por parte de CDC a cambio de adjudicaciones a la empresa Teyco, de la familia Sumarroca, vinculada estrechamente al partido.

El registro del viernes en la sede de Convergència y, previamente, en la fundación CatDem, ha generado dos reacciones distintas. La primera, la de Convergència, compareciendo de urgencia para negar las acusaciones y pasando al contraataque: el registro de la Guardia Civil en la sede convergente y en varios ayuntamientos, sostienen, es una operación política contra el soberanismo. Pero los compañeros de lista de CDC -desde el número uno de Junts pel Sí, Raül Romeva, a los dirigentes de ERC, pasando por el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez- han sido exigentes respecto a la necesidad de que Mas y su partido den explicaciones a fondo y corten de raíz cualquier irregularidad.

GIRO DE 180 GRADOS / El cambio ha sido sustancial. Hace una semana, el argumentario de Junts pel Sí elogiaba el papel de Mas porque «su trayectoria y la reacción clara y sin paliativos ante los casos de corrupción que se han producido nos muestra su voluntad inequívoca de combatir la corrupción y regenerar la democracia». Ayer, CDC insistía en que, en todo momento, Mas ha estado dispuesto a responder a las preguntas de la oposición. El lunes, sin embargo, se trataba de enmarcar estas preguntas en una sesión, en un punto del orden del día. Ayer CDC tomó las riendas y negoció con el resto de grupos cambiar el formato de la comparecencia de esta tarde en la Cámara catalana y ampliar el turno de intervenciones. Es decir, modificar el orden del día previsto.

En este contexto, la sesión de esta tarde se prevé larga y tensa. La proximidad de la cita con las urnas y la elevación del tono de los contendientes hacen pronosticar un debate animado. «Ya basta de tanta difamación en plena precampaña», exclamaba ayer en privado un destacado dirigente de Convergència. El partido de Mas usará también como artillería la polémica reforma del Tribunal Constitucional propuesta ayer por el PP para poder inhabilitar a cargos que promuevan resoluciones declaradas inconstitucionales.

Mientras, el exsocio de CDC Josep Antoni Duran Lleida cargaba ayer contra el papel de Mas. El líder de Unió, en una entrevista en la SER, afirmó que el president «no está capacitado» para dialogar con el Estado.

ERC, cuyo líder reclamó el sábado que Convergència demostrara «con hechos» su lucha contra la corrupción, evitó ayer echar leña al fuego. A la petición de Oriol Junqueras, en CDC responden en privado, irónicamente: «Es como si me piden que demuestre con hechos que no he estado nunca en Sant Petersburgo». Los republicanos consideraban a todas luces inviable que Mas escurriera el bulto a 25 días de unas elecciones donde, además del proceso soberanista y los recortes sociales, el asunto de la honestidad política y la transparencia va a pesar en algunos sectores del electorado, como demuestran las expectativas demoscópicas de los nuevos partidos (Podemos en Sí que es Pot y Ciutadans).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó dar pábulo a la tesis de que los registros de la Guardia Civil ordenados por la fiscalía puedan tener efectos directos sobre la campañay  dejó caer que la corrupción ya pasó factura política a su partido «en su día». El secretario de organización del PSOE, César Luena, también deslizó el concepto de la corrupción y sus efectos, al afirmar que hoy Mas tendrá la ocasión de dar explicaciones sobre «cuál ha sido la financiación de su partido a lo largo de muchos años».