El mapa de los recortes

Catalunya fue la primera comunidad autónoma en coger la tijera y la que más ajustes lleva acumulados. Pero no es la única. El resto también han emprendido severas medidas cuya lista, por lo abultada, es imposible de recoger en estas líneas. Fundamentalmente se apoyan en tres patas: los funcionarios, la sanidad y la educación. Lo paradójico es que, siendo el PP el que gobierna en la mayoría de autonomías, durante el último tramo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y en la campaña electoral de las pasadas generales, los conservadores se dedicaron a repetir machaconamente que la sanidad y la educación eran las líneas rojas que no estaban dispuestos a traspasar ni a permitir que se traspasaran. «Eso no se toca», se empeñó en reiterar Javier Arenas en la campaña de los comicios andaluces del pasado marzo. La realidad se ha encargado de desmentirle: las comunidades están obligadas a conseguir situar su déficit en el 1,5% de su PIB, lo que les obliga a recortar entre todas 16.000 millones de euros este año. En la Comunidad Valenciana (en manos del PP desde 1995), por citar una de las autonomías que están pasado mayores apuros, del ajuste de 1.057,5 millones de euros programado, casi el 42% (440 millones) lo asume sanidad.

Los siguientes son, grosso modo, algunos de los ajustes realizados en el conjunto de España.

SANIDAD

Nuevas tasas y cierre de quirófanos

En Baleares, se ha decidido como medida de ahorro el cierre de dos hospitales, el Juan March y el General, ambos en la isla de Mallorca. En la misma línea, Castilla-La Mancha ha cedido a manos privadas la gestión de cuatro centros y prevé hacer lo mismo con otros cuatro en construcción. Otros ejecutivos no han sido tan radicales y han optado por cerrar (todo el día o solo por la tarde) ambulatorios y quirófanos o por reducir camas de hospital. Asimismo, se ha limitado el número de guardias de los trabajadores sanitarios, así como su remuneración.

La lucha desesperada contra el déficit también ha llevado a la Comunidad de Madrid a suprimir la gratuidad de servicios antes cubiertos, como operaciones de cambio de sexo, los tratamientos para dejar de fumar y vacunas infantiles como la del neumococo (ahora solo estará financiada por la sanidad gallega).

Para engrosar sus exiguos ingresos, cuatro comunidades se han inventado una nueva tasa. En la Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares y Galicia, aquellos usuarios de la sanidad pública que deban renovar su tarjeta deberán pagar entre 3 y 10 euros. En la mayoría de los casos es para renovaciones en caso de pérdida, sustracción o rotura. Sin embargo, en Baleares, el Gobierno del popular Juan Ramón Bauzá se ha sacado de la manga una medida que compite en osadía con el euro por receta catalán: obliga a todos sus ciudadanos a renovarla al tratarse de una nueva tarjeta «inteligente» que incluye un chip de seguridad, una banda magnética y una fotografía del titular que permitirá, según las autoridades, luchar contra el fraude y acceder de manera más rápida al historial del paciente.

Adelantándose a la decisión del Ejecutivo central de cobrar la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, la Comunidad Valenciana ha decidido exigir el pago de la atención a aquellos extranjeros que no documenten su cobertura sanitaria (que en la práctica serán los inmigrantes sin regularizar) o a los que tengan un seguro privado. Y en Galicia, se exige a los usuarios de la sanidad pública y, en teoría, universal que lleven un mínimo de seis meses empadronados, un hecho que generará problemas tanto a los simpapeles como a aquellos españoles que trasladen allí su residencia.

EDUCACIÓN

Más horas lectivas

y menos interinos

La decisión del Ministerio de Educación de aumentar la ratio de alumnos por clase y de incrementar el número de horas lectivas de los docentes -de obligado cumplimiento en todas las comunidades excepto en Castilla y León, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana- se suma a otros recortes planteados por las comunidades en el ámbito de la enseñanza. En Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, La Rioja y Navarra, han optado por suprimir la gratuidad total de los libros de texto de la que hasta ahora gozaban los alumnos de estas autonomías. En su lugar, se otorgarán ayudas directas a las familias según el nivel de renta. Así, Andalucía se convierte en el único territorio que mantiene este sistema de préstamo de libros, que permite a los hogares un ahorro de hasta 1.850 euros durante la enseñanza obligatoria, informa Julia Camacho. Lo que sí ha decidido el Gobierno de José Antonio Griñán es alargar la vida útil de los libros (hasta ahora se renovaban cada cuatro años, salvo los de 1º y 2º de primaria, que se compran nuevos cada año por incluir muchos ejercicios para rellenar en sus páginas).

Con el citado incremento de horas lectivas y de ratio de alumnos, los más perjudicados han sido los profesores interinos. Pero en la Comunidad Valenciana lo tienen mucho peor, pues el Ejecutivo de Alberto Fabra ha fijado que el contrato de los trabajadores sin plaza fija tenga vigencia hasta el 30 de junio, por lo que durante los meses de julio y agosto no cobran ni un euro de la administración.

En el capítulo de la enseñanza no obligatoria, como es el caso del primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), Galicia ha incrementado un 19,2% el precio de las guarderías públicas. El presidente Alberto Núñez Feijóo se escudó, durante el anuncio del alza, en que las tarifas llevaban congeladas desde el 2002.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Rebajas salariales

a los funcionarios

Los trabajadores públicos son otros de los grandes damnificados por la crudeza de la crisis económica. Tras el 5% de recorte en la nómina que decretó José Luis Rodríguez Zapatero durante la última etapa del Gobierno socialista, algunas comunidades han seguido la misma senda con el objetivo de menguar su déficit. En Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal ha rebajado un 3% el sueldo de sus funcionarios -igual que en Catalunya--, mientras que en Canarias el tijeretazo ha llegado al 5%. Otras autonomías, como el País Vasco o Castilla y León, han optado por la congelación salarial. Mientras que en Andalucía se ha suprimido la paga extra de junio (aunque posteriormente se les repuso), la de diciembre y se han reducido un 10% los conceptos variables del salario.

En este caso, también los interinos se han llevado la peor parte. Galicia lidera este desastroso ranking, pues podrán ver disminuida su jornada (y su nómina) hasta un 33%. Por detrás se sitúan la Comunidad Valenciana (un 25%), Catalunya (un 15%) y Andalucía (un 10%).

Los altos cargos han sufrido, asimismo, una poda considerable. En Castilla-La Mancha y Extremadura se han reducido en un 50%. Paradójicamente, Cospedal ha elevado sus salarios entre un 8,6% y un 10,9%, lo que supone un incremento del 157% en esta partida presupuestaria. Mientras, el Ejecutivo de Fabra ha vinculado el sueldo de sus altos cargos a la reducción del déficit; es decir, si baja el déficit, verán cómo engordan sus nóminas. En el Gobierno de Murcia, presidente y consejeros han recortado este año sus salarios un 3%, lo que sumado a las rebajas anteriores -entre el 5% y el 15%- ha provocado que el jefe del Ejecutivo autonómico, Ramón Luis Valcárcel, cobre 3.000 euros menos al año que el resto de integrantes de su gabinete, informa Belén Pardo. En Baleares, Asturias, La Rioja, Madrid y Andalucía han optado, además, por reducir el número de consejerías.

OTRAS MEDIDAS

Subasta de vehículos

y privatización de TV

El refrán dice que el hambre agudiza el ingenio. En este caso, habría que sustituir hambre por crisis para aplicarlo a algunas de las medidas que están acometiendo las comunidades, como es el caso de la tasa turística del Govern de Artur Mas.

En Valencia y Castilla-La Mancha han optado por subastar parte del parque móvil, mientras que en Andalucía han creado una tasa para gravar los depósitos bancarios y un impuesto para las bolsas de plástico. El Ejecutivo de Fabra también ha creado un tributo medioambiental para las empresas que emitan gases contaminantes y para aquellas que generen un impacto visual negativo. Asimismo, prescinden de grandes eventos como la F-1 (por la que en cada edición debía pagar 21 millones al organizador del espectáculo, Bernie Ecclestone) o la Mostra de Cine de Valencia (1,7 millones).

La posibilidad abierta por el Gobierno central de que las comunidades puedan privatizar sus televisiones ha supuesto para algunas un gran alivio. Canarias cerró el 1 de agosto las emisiones de su segundo canal y Murcia está estudiando este mes si privatiza su televisión. La comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha también se han mostrado dispuestas a vender o ceder la gestión de sus entes públicos.