Moix no ve motivo para dimitir porque le "acredita" haber dictado prisión para González

El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, ha asegurado este martes que no ve motivos para dimitir y ha remarcado que le "acredita" el haber ordenado prisión para el expresidente madrileño Ignacio González, aunque no ha escondido el hecho de que este pensase que su nombramiento le "iba a favorecer" por lo que mostró "gran preferencia por su nombramiento". "Pero muy bueno no será [para González] cuando yo he ordenado su prisión", ha mantenido.

En una entrevista en la cadena SER, Moix ha defendido su actuación en la instrucción de la 'operación Lezo' y ha reivindicado que sigue sin ver "en este estado de la investigación" el delito de organización criminal, aunque admite que el juez lo recoja en su auto porque decretar prisión debe justificarse en una "existencia indiciaria de delito". El fiscal ha asegurado que le "encantaría" poder explicar por qué piensa así, pero que no puede hacerlo porque el sumario está declarado secreto.

Precisamente por este motivo, Moix ha descartado presentar su dimisión ante las peticiones de PSOE y Podemos, porque advierte que "ellos no tienen todos los elementos de juicio necesarios porque no se han estudiado el asunto". En este sentido, ha añadido que le gustaría que le aclarasen en qué piensan que ha "torpedeado" la investigación, cuando los hechos son que se han hecho todos los registros y se ha detenido a todas las personas que la fiscalía consideró necesario.

NIEGA QUE SE OPUSIERA A ALGÚN REGISTRO

Moix ha reiterado que no tiene una relación de amistad con el expresidente de la Comunidad de Madrid, aunque se conocen y tuvieron una "relación institucional" cuando ocupaba el cargo de Fiscal Superior de Madrid. En todo caso, ignora por qué González pensaba que su nombramiento le favorecería.

También ha explicado que él no se negó a hacer ningún registro en el marco de la 'operación Lezo', sino que era partidario de no incluir en el mismo procedimiento un registro relativo a una actuación que se hizo en el 2001 y "donde no estaban ni Ignacio González ni Edmundo Rodríguez Sobrino", porque "no veía la conexión".

Sus subordinados llevaron la discrepancia a la Junta fiscal y, según ha relatado, en ella hubo un "debate jurídico" y la discrepancia se resolvió "de la manera más normal del mundo". Tras oír a la mayoría de la Junta decidió que parecía "razonable" que, puesto que ya estaba todo preparado para la entrada, ésta se llevase a cabo y ya se valorase posteriormente si había que separar el procedimiento.