Malestar entre los letrados del Parlament por las iniciativas independentistas

El despliegue de la hoja de ruta independentista de Junts pel Sí y la CUP ha abocado en los últimos meses a los letrados del Parlament a una posición "incómoda", según fuentes parlamentarias, ante el choque entre una Mesa con mayoría soberanista y las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). Los letrados del Parlament, que son funcionarios, han mantenido hasta ahora un papel discreto y en un segundo plano en el encendido debate soberanista, si bien en el último año han mostrado sus reticencias --tanto en informes escritos como verbalmente en reuniones de la Mesa-- ante muchos de los pasos que se daban.

Pero tanto el secretario general del Parlament, Xavier Muro, como el letrado mayor, Antoni Bayona, se han erigido este mediodía en protagonistas y han motivado un crispado debate parlamentario al emitir una nota, leída ante el pleno, en la que advertían de las consecuencias de "ignorar" nuevamente al TC, esta vez con la aprobación de la disposición adicional sobre el referéndum incluida en los presupuestos de 2017, y que el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat consideró inconstitucional.

La lectura de esta nota de advertencia ante el pleno es solo un ejemplo más de la "incomodidad" por parte de algunos de los letrados ante las desobediencias reiteradas al TC por parte de la mayoría independentista, un "malestar" que, según han indicado a Efe fuentes parlamentarias, se prolonga desde hace tiempo. Entre los motivos de ese malestar está, por ejemplo, el "no compartir la distinción entre democracia y legalidad" que habitualmente esgrimen los grupos independentistas para defender la celebración del referéndum pese a la negativa por parte del Estado y las sentencias del TC.

DEMOCRACIA Y LEGALIDAD

Una distinción entre democracia y legalidad que "no entra en la cabeza" de los letrados en su condición de juristas y que, en consecuencia, les sitúa en una posición complicada, ya que lamentan que los partidos independentistas "se estén inventando la legalidad", han indicado las fuentes consultadas. Los letrados han admitido así en reiteradas ocasiones a personas de su entorno que se sienten "utilizados" por todos los grupos, al entender que éstos usan sus informes para sus propios intereses; además, temen que el Estado acabe utilizándoles a ellos como "castigo ejemplarizante" hacia el resto de funcionarios catalanes.

Sintiéndose de esta manera el eslabón débil de la cadena, entre el cuerpo de letrados, según las fuentes consultadas, se extiende la sensación de que los partidos independentistas no son conscientes de las "consecuencias de sus acciones" y están infravalorando la capacidad de reacción del Estado y su preparación para actuar ante los escenarios que se avecinan.

DIMISIÓN NO ACEPTADA

Según han confirmado diversas fuentes parlamentarias, esta situación llevó a que el letrado mayor, Antoni Bayona, pidiera hace tiempo cesar en su cargo al no sentirse cómodo con las decisiones de la Mesa actual, pero la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no aceptó su dimisión. Las citadas fuentes atribuyen esta decisión de Forcadell al hecho de que "valora tener voces críticas que le adviertan de las posibles consecuencias de esas acciones".

"Pero si fuera por otros miembros de la Mesa, algunos letrados estarían trabajando cortando césped al lado del Parlament", apuntan esas fuentes parlamentarias, en relación al hecho de que estos juristas han mostrado su posicionamiento contrario a muchos de los pasos dados por los grupos soberanistas. Los servicios jurídicos de la cámara catalana han procurado advertir a los grupos parlamentarios de las posibles ilegalidades en que podrían incurrir, blindándose ante un proceso judicial contra miembros del Parlament por desobediencia al TC.

Así, por ejemplo, los letrados ya hicieron constar el pasado mes de diciembre, en un anexo del texto de los presupuestos, que la partida destinada al referéndum podría ser inconstitucional. En cualquier caso, fuentes consultadas descartan que la dimisión hace meses del anterior secretario general, Pere Sol, se debiera a discrepancias con el proceso soberanista, sino que estuvo motivada por cuestiones familiares.