Magdalena Álvarez descarga en la consejería de Empleo la responsabilidad en la gestión de los ERE

La exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha vuelto a defender este jueves ante la jueza del caso de los ERE, Mercedes Alaya, su actuación desde la consejería de Economía de la Junta de Andalucía y ha atribuido a la de Empleo la utilización de las transferencias de financiación para conceder ayudas sociolaborales. En su segunda comparecencia ante la instructora, que la acusa de malversación y prevaricación, Álvarez ha subrayado a los periodistas que no está declarada "culpable" de nada.

Durante su declaración, de una hora aproximadamente, la exconsejera ha asegurado que "la propuesta de utilización de la partida 31L [conocida como fondo de reptiles]" y el uso de las transferencias de financiación la incluye la consejería de Empleo en su anteproyecto de presupuesto. Y ha subrayado que, por lo tanto, la consejería que ella dirigía no tenía "la menor competencia" sobre ese asunto. El ámbito competencial de las diferentes consejerías del Gobierno andaluz a la hora de elaborar los presupuestos ha sido una de las preguntas formuladas por la jueza a Álvarez, que, aunque no ha ampliado la declaración, sí ha querido demostrar su voluntad de colaboración respondiendo a cuantas dudas le ha formulado la magistrada.

Así, ha señalado que el ente instrumental utilizado por la consejería de Empleo, el Instituto Andaluz de Empleo (IFA), para abonar las ayudas y las prejubilaciones tenía potestad para conceder subvenciones desde su puesta en marcha en 1987. Y ha aclarado también cómo se incluían en los Presupuestos las transferencias de financiación, la vía por la que pagaron los ERE fraudulentos y que la juez considera ilegal.

"Me encuentro muy tranquila porque siempre lo he hecho todo con la mejor voluntad y lo mejor posible", ha destacado Álvarez a la salida del juzgado. "Todos los que me conocen saben que no tengo motivos de preocupación".

Promotora, "en connivencia"

La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 ya declaró por este caso el pasado mes de octubre, pero la Audiencia Provincial de Sevilla anuló a posteriori su imputación por falta de motivación. En un nuevo auto de imputación, Alaya ha señalado a la exconsejera por su responsabilidad en dos supuestos delitos de malversación y prevaricación, al considerarla una de las "promotoras, en connivencia con otros", del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones.

Según Alaya, el Gobierno de la Junta ideó el sistema de transferencias de financiación para pagar los ERE a través de una sociedad instrumental para burlar así los controles y fiscalización de las subvenciones. Y fue la exconsejera de Hacienda quien contribuyó a incluir este método en los Presupuestos, que sufrió numerosas y continuas modificaciones para ajustarse al aumento de las ayudas concedidas por la Dirección General de Empleo de la Junta de Andalucía.

Presupuestos

En su declaración de octubre, Álvarez rechazó estos extremos y defendió la legalidad de un sistema que, dijo, era una "transposición" de una norma estatal. Sí concedió, no obstante, que se pudo producir un "mal uso" del mismo, y apuntó que existen procedimientos más adecuados para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. No obstante, rechazó que se hubieran cometido irregularidades en su inclusión en los Presupuestos.

La comparecencia de Álvarez desató las alertas en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), del que es vicepresidenta, según anunció la pasada semana el ministro de Economía, Luis de Guindos. El presidente de la entidad, Werner Hoyer, expresó el miércoles su confianza en la continuidad de la labor de la exministra, dado que esta ha informado en todo momento al BEI de los procedimientos abiertos, y aunque aseguró que "no hay abierta ninguna investigación especial", dejó claro que "siguen de cerca" el caso.