Los Pujol recurren contra las pesquisas de Ruz en Andorra

Veinticinco días. Este es el tiempo que ha durado la voluntad del expresident Jordi Pujol de «acreditar» los hechos relativos al escándalo por haber escondido durante 34 años la herencia de su padre en cuentas opacas y por los negocios de su familia. Una vez emitido el comunicado con la petición de «perdón» y anunciada su voluntad de comparecer ante instancias tributarias y «si es necesario» ante las judiciales, Pujol y su familia han pasado al contrataque mediante una estrategia harto conocida en casos de corrupción: intentar anular el proceso por defectos en la instrucción, pese a que en el transcurso de esta se hayan acreditado algo más que indicios. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el caso Naseiro, de financiación ilegal del PP, anulado por unas escuchas ilegales, o con el caso Casinos, que acreditó financiación irregular de Convergència pero después de una interminable instrucción y sin que se pudiera vincular los hechos a delito alguno.

Hoy la familia del expresident no solo presentará, como estaba anunciado, una querella contra los bancos andorranos Banca Privada d'Andorra y Andbank por revelación de secreto sobre las cuentas de la familia en el país pirenaico (porque supuestamente un exempleado de estas entidades reveló los datos) sino que también recurrirá contra la comisión rogatoria cursada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a Andorra para disponer de información sobre los datos bancarios de la familia en estas entidades.

«FINALIDADES POLÍTICAS» / Según reveló ayer el Diari d'Andorra, el recurso que han preparado los abogados de la familia Pujol, encabezados por el penalista Cristóbal Martell -con el que este diario intentó ayer contactar, sin éxito-, alega que el juez actúa sin disponer de indicios suficientes que avalen la petición de información que ha cursado sobre las cuentas del primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironès.

Pero la familia va más allá y esgrime también un viejo argumento. Tan viejo como el caso Banca Catalana, en el que el entonces president presentó la querella contra él y el resto de gestores de la entidad como una «jugada indigna» del Gobierno central contra Catalunya. Hoy la familia Pujol, en su recurso, atacará al juez por actuar con finalidades políticas para debilitar el proceso soberanista. Entre otras consideraciones, basará su argumento en que quien se ha personado como acusacación particular en la causa es la organización ultraderechista Manos Limpias. Y alegará que el juez Ruz no ha decidido pedir información a Andorra hasta que el diario El Mundo publicó los datos de movimientos de cuentas de los Pujol en la banca del país vecino.

Pujol se escuda en una supuesta persecución política cuando nadie en Convergència ni en el Govern se ha atrevido en esta ocasión a hacer tal lectura. Al menos, hasta ahora. La estrategia de defensa del expresident y su familia fue tachada de «indecente» por el coordinador de ICV, Joan Herrera, que calificó de «espectáculo insólito» la querella de los Pujol contra los bancos andorranos y exigió al exlíder nacionalista que dé explicaciones en el Parlament. El alcaldable de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, prefirió no opinar sobre la actuación de los letrados de Pujol pero aseguró que su partido llegará «hasta las últimas consecuencias» para aclarar qué ha ocurrido.

GONZÁLEZ PONS / Entretanto, el PP ahondó ayer en su estrategia de desgastar a los partidos soberanistas catalanes aprovechando el escándalo. El vicesecretario de estudios y programas y eurodiputado popular, Esteban González Pons, afirmó, en declaraciones a la COPE que «el descubrimiento de la situación patrimonial de la familia Pujol está todavía por aclarar si se limita a Jordi Pujol o afecta a todos los dirigentes, al sistema de CiU, al sistema de la política catalana», dado que «es difícil» que un presidente de una comunidad presuntamente evada impuestos durante años «sin que lo sepan todos sus consejeros, su partido político y el conjunto de los políticos catalanes». Posteriormente, en declaraciones a este periódico, precisó que su intención no había sido verter un halo de sospecha y acusar de corrupción a todos los partidos catalanes, sino pedir que se aclare si los dirigentes de CiU se lucraron con comisiones ilegales mientras los demás «lo sabían», como demuestra, en su opinión, el hecho de que Pasqual Maragall denunciara «el problema» del 3% en el Parlament.

Por su parte, el PSOE registró ayer una petición de comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso para que explique «si Jordi Pujol o algún miembro de la familia del expresident de la Generalitat se han acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy». En concreto, los socialistas pretenden que el ministro aclare «quién se acogió, cuáles fueron las cuantías y si como consecuencia de estas regularizaciones se abrió un proceso de investigación» sobre los fondos. El PSOE pretende que la comisión de Hacienda del Congreso pueda celebrarse a finales de agosto, antes de la reanudación de la actividad parlamentaria ordinaria.