Los Pujol reclaman a Andorra que investigue quién filtró sus datos

Cuando apenas faltaban cinco minutos para que las dependencias de la

Batllia -el equivalente andorrano de los juzgados de instrucción- echaran la persiana, una representante del equipo de defensa de la familia Pujol se presentó ayer para entregar los dos escritos con los que el expresidente de la Generalitat y los suyos pretenden impedir que prosperen las dos comisiones rogatorias impulsadas por dos jueces españoles a fin de investigar el patrimonio que los miembros de la familia tienen depositado en entidades del citado país pirenaico. Una estrategia cuya pared maestra es la querella presentada por los Pujol por vulneración del secreto bancario -un delito penado en Andorra- contra la persona desconocida que, según sostienen, filtró datos de los movimientos de sus cuentas en aquel país.

Sin entrar en disquisiciones sobre los presuntos motivos de la revelación de esas informaciones, la denuncia pide a la justicia andorrana que  investigue quién ha sido el autor de la filtración y, en caso de no aclararse la identidad del delator, se reserva el derecho de fijar como responsables civiles subsidiarios a las entidades en las que la familia Pujol ha tenido el dinero (Banca Privada d'Andorra y Andbank). El propósito de la querella es probar que el fraude fiscal cometido por la esposa del expresident, Marta Ferrusola, y sus siete hijos se destapó a raíz de unos datos robados y filtrados de forma irregular, por lo que la causa quedaría contaminada y la actuación de los jueces españoles se vería seriamente comprometida.

RECURSO / Con el objetivo de apuntalar aún más esa estrategia, los letrados de la familia acompañaron la querella con un segundo escrito: un recurso contra la comisión rogatoria impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para reclamar a las autoridades andorranas datos sobre las cuentas bancarias en aquel país del primogénito del exlíder nacionalista, Jordi Pujol Ferrusola, y de la exmujer de este, Mercè Gironès. Ambos son, hasta ahora, los únicos miembros del clan familiar que han sido imputados, por presuntos delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. Los hijos de Pujol regularizaron su capital en el extranjero tras la publicación de diversas informaciones sobre la existencia de sus cuentas en Andorra y unos días antes de que el expresident confesara en una carta el fraude fiscal de la familia, del que se hizo responsable por no haber regularizado en su día un capital que le legó su padre, Florenci Pujol, al morir en 1980.

En la citada carta, hecha pública el 25 de julio, Pujol se ponía a disposición de las instancias tributarias y judiciales para aclarar los hechos. Menos de un mes después, la familia trata de obstruir la actuación del juez Ruz. En el citado recurso contra la comisión rogatoria, los Pujol alegan que la investigación se basa en un chivatazo ilegal y que no existen pruebas que la avalen, pero también apuntan que la causa tiene finalidades políticas y persigue debilitar el proceso soberanista. Una tesis que ningún alto dirigente de CiU se ha atrevido aún a defender en público.

Al margen de lo que ocurra con las causas penales -además de la investigación de Ruz sobre las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, un juez de Barcelona tiene abierta una causa contra la familia a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias-, la Agencia Tributaria también ha emprendido acciones para aclarar las presuntas irregularidades en el patrimonio de la familia. Unas actuaciones que el escrito de confesión de Jordi Pujol no frenará en ningún caso, según se aprestaron ayer a subrayar fuentes del Ministerio de Hacienda, que aseguraron que en este caso se llegará «hasta el final». Las citadas fuentes se remitieron a las declaraciones que hizo el ministro Cristóbal Montoro el 28 julio, cuando dijo que esa investigación de la Agencia Tributaria, que se estaba desarrollando desde hacía algún tiempo, fue la que motivó la admisión de culpa del expresident.

El PSOE ha pedido la comparecencia de Montoro en el Congreso para que aclare si la familia Pujol se ha acogido a la amnistía fiscal. Hacienda se limitó a recordar ayer que no puede facilitar información concreta sobre los contribuyentes.