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Si algo se constató en la reunión que ayer celebraron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consejero vasco Rodolfo Ares fue que no hay, a día de hoy, una política pactada entre partidos e instituciones sobre la gestión del fin de ETA. Y ello a pesar de que los datos indican que la banda no tiene intención de reanudar sus actividades terroristas, extremo en el que sí coincidieron ambos dirigentes. Pero, a pesar de que prodigaron las alabanzas mutuas y las llamadas a la colaboración, las diferencias entre ambos fueron tan evidentes que Fernández Díaz se vio obligado a relativizarlas y a señalar que se trata de discrepancias «de menor cuantía». Sin embargo, en algunos asuntos, como la política penitenciaria, el desacuerdo pareció de mayor calado.

Fernández saluda a Ares en presencia del viceconsejero Miguel Buen. EFE / LUIS TEJIDO

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Información publicada en la página 19 de la sección de Política de la edición impresa del día 25 de enero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

De entrada, Fernández Díaz dejó claro que el PP y los servicios de inteligencia desconfían de los «movimientos» que está desarrollando la banda para «mantener una estructura larvada en la clandestinidad». Por el contrario, el discurso de Ares puso énfasis en la prolongada «desaparición de todas las actividades terroristas» y aclaró que se refería a los atentados, la extorsión y las amenazas. El ministro había sugerido el día antes que en diciembre el entorno de la banda había reemprendido las extorsiones a comerciantes, aunque ayer matizó que no se refería al tradicional chantaje terrorista sino a «cuestaciones navideñas, si así se puede decir», promovidas por grupos de apoyo a los presos.

EXCARCELACIONES / El mayor distanciamiento entre Fernández y Ares se produjo al abordar la situación de los presos. El consejero apuntó que el asunto será tratado con mayor profundidad en el encuentro que mantendrán Mariano Rajoy y Patxi López, pero avanzó que había defendido ante el ministro la conveniencia de emprender, «dentro de la legalidad», una política penitenciaria «más dinámica y flexible» que autorice, por ejemplo, la excarcelación de los reclusos enfermos,

Fernández eludió entrar en matices sobre la cuestión y se limitó a recalcar que «el mayor enemigo de los presos de ETA es ETA» y que cuando la banda confirme su «disolución» los reclusos podrán acogerse «libremente» a los beneficios penitenciarios que la ley contempla. Insistió en que «la hoja de ruta del Gobierno es el cumplimiento de la ley», que descarta la amnistía y solo permite soluciones individualizadas.

El ministro confirmó la continuidad en la reducción de escoltas y anunció que también esta cuestión se abordará de «manera personalizada». Pese a que admitió que el alto el fuego definitivo tiene que ver en la decisión, la atribuyó a razones «económicas», aunque garantizó la «reversibilidad» si fuera preciso.

La presencia de Fernández Díaz en el palacio Artaza de Leioa (Vizcaya) respondió a una invitación del consejero para firmar el protocolo de colaboración que impulsará el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. El ministro explicó que en seis meses se deberá presentar el proyecto relativo a la ubicación, creación y gestión del centro y precisó que se contará para ello con la opinión de las víctimas.