Diputados, altos cargos institucionales, alcaldes, concejales. El PPC ya ha iniciado el contrataque para combatir «los tópicos de la Catalunya oficial» que, según los conservadores, está difundiendo la Generalitat. Los populares tienen previsto lanzar después del verano una campaña pública para contrarrestar las acciones que otros partidos pudieran emprender en el caso de que las negociaciones sobre el pacto fiscal no les satisfagan. Sin embargo, y como reacción a la «ofensiva recentralizadora» denunciada por el Govern de Artur Mas, ya han empezado a calentar motores. Sus representantes han recibido una guía con argumentos para rebatir los ataques al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cuenta de los peajes en las autopistas. También se están redactando documentos para dar una versión unitaria sobre la financiación de Catalunya, las inversiones del Estado, el bilingüismo...

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Información publicada en la página 19 de la sección de Política de la edición impresa del día 25 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

En respuesta al revuelo formado en torno a la iniciativa #novullpagar, los cargos del PPC tienen dos directrices principales a seguir. La primera es el recordatorio de que la mitad de los kilómetros de pago de Catalunya «son de titularidad autonómica». La segunda, que esas vías de la Generalitat «son el doble de caras» que las que pertenecen al Estado, a razón de «0,19 euros por kilómetro las primeras y 0,10 euros por kilómetro las segundas».

Red de réplicas

Pero esta es solo una simple muestra. La intención es tejer una red de réplicas a todas las acusaciones de los nacionalistas para desmontar «el pensamiento único» en los plenos y reuniones con empresarios o entidades sociales en las que participe algún miembro del partido. Los mensajes son claros. Más allá del pacto fiscal -en el que los populares redoblan las advertencias de una «fractura social» si CiU rompe con la legislación vigente y les deja al margen del acuerdo-, la cúpula del PPC instruye a sus cargos para que tengan argumentos para todo. Si alguien acusa al Ejecutivo de Rajoy de maltratar financieramente a Catalunya, la respuesta debe ser que los Presupuestos Generales del Estado son «de supervivencia», y que, pese a la «herencia envenenada», que dejaron los socialistas, el Ejecutivo del PP es «el que más ha dado en situación de crisis», como ha defendido Alicia Sánchez-Camacho en numerosas ocasiones. Tampoco hay que olvidarse de mencionar los anticipos en el pago de nóminas de los funcionarios, los pagos a proveedores, las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO)...

El objetivo es no dar puntada sin hilo. Por eso, la dirección popular también prepara la celebración de reuniones con alcaldes y concejales del partido en las que se les darán instrucciones lo más precisas posible y en las que se aclararán todas las dudas. Se intentará que los mensajes sean lo más específicos posible para cada territorio.

Después, a partir de septiembre, intuyendo que más de un partido del Parlament iniciará otro bombardeo de críticas al PP con el pacto fiscal como argumento, los conservadores lanzarán una campaña pública, dirigida a todos los ciudadanos. Dret a saber -en contraposición al Dret a decidir de los nacionalistas- es uno de los nombres que se barajan. Los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales serán los altavoces que los populares emplearán para difundir su versión.